A casi dos semanas de que entró en vigor la restricción al uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica, los planteles del país han comenzado a implementar diferentes mecanismos para cumplir con la disposición federal, que van desde impedir el ingreso de los dispositivos hasta establecer esquemas de resguardo temporal durante la jornada escolar.
La medida, impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), busca limitar el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos personales en preescolar, primaria y secundaria, con el objetivo de fomentar un uso responsable de la tecnología y favorecer los procesos de aprendizaje dentro de las aulas.
Sin embargo, los primeros días de aplicación han evidenciado que no existe un modelo único para todos los centros escolares. Mientras algunas instituciones optaron por prohibir completamente que los estudiantes lleven teléfonos al plantel, otras han establecido procedimientos temporales para recibir y resguardar los dispositivos hasta el término de las actividades académicas.
La diversidad de criterios responde a que la regulación permite a las comunidades educativas adaptar su implementación según sus necesidades y características particulares. De esta manera, directivos, docentes, madres, padres y tutores participan en la definición de los mecanismos que mejor se ajusten a la realidad de cada escuela.
Entre los casos observados se encuentran escuelas primarias que determinaron impedir por completo el ingreso de celulares, al considerar que los estudiantes no requieren estos dispositivos durante la jornada escolar y que los canales institucionales de comunicación son suficientes para atender cualquier eventualidad.
En contraste, algunas secundarias han optado por permitir que los alumnos lleven teléfonos debido a necesidades relacionadas con traslados o comunicación familiar, aunque con la condición de entregarlos al inicio de clases y recuperarlos al finalizar el día. En varios planteles, estas medidas aún tienen carácter provisional mientras continúan las consultas con las familias para establecer reglas definitivas.
La regulación federal, vigente desde el 3 de noviembre de 2026, contempla excepciones para actividades pedagógicas autorizadas por los docentes, emergencias, necesidades médicas, situaciones de accesibilidad e inclusión, así como otros casos extraordinarios que puedan presentarse dentro de la comunidad escolar.
Asimismo, la disposición no obliga a que todos los alumnos dejen sus dispositivos en casa, sino que establece que estos deben permanecer sin uso durante el horario escolar, salvo las excepciones previstas. Por ello, cada escuela puede definir procedimientos específicos para garantizar el cumplimiento de la norma dentro de su contexto.
Las autoridades educativas han subrayado que el objetivo principal de la estrategia no es imponer castigos, sino promover una cultura de uso responsable de la tecnología entre niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, el resguardo temporal de los teléfonos en algunos planteles forma parte de medidas preventivas y organizativas, más que de sanciones disciplinarias.
A medida que avance el ciclo escolar, escuelas y familias continuarán ajustando los protocolos para la aplicación de la norma, en un proceso que busca equilibrar la reducción de distractores en las aulas con las necesidades de comunicación y seguridad de los estudiantes.