Con el objetivo de incrementar el plazo de garantía de las obras, por defectos o vicios ocultos en que hubiera incurrido, de 18 a 36 meses, y el tiempo de resguardo de los expedientes de las obras que están bajo la responsabilidad de las autoridades, el diputado René Oyarvide Ibarra impulsa una iniciativa que propone reformar los Artículos 157 y 174 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.
De esta manera, se propone establecer que concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder de los defectos y de los vicios ocultos en que hubiera incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil del Estado.
“Para garantizar durante un plazo de treinta y seis meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el contratista otorgará fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la obra”
También se propone incrementar de 3 a 5 años, el plazo por el que las instituciones conserven en forma ordenada y sistemática, toda la documentación comprobatoria de dichos actos y contratos, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará́ a lo previsto en las disposiciones aplicables.
El legislador manifestó que con esta modificación, se busca que los contratistas, responsables de las obras públicas que realice la administración pública, estatal o municipal, respondan claramente por la calidad de la obra, para beneficio de los ciudadanos.
“Los habitantes al realizar el cuestionamiento a la autoridad en turno, reciben la misma respuesta en los 58 municipios del Estado, que las garantías a la que están obligados los constructores han vencido, dejando en estado de indefensión total a los beneficiarios de dichas obras. Por lo que es imperante legislar en esta materia y garantizar la calidad y durabilidad de las obras que se ejecutan en nuestro Estado”, indicó el diputado.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable.
