La libertad de expresión y de prensa son pilares fundamentales de la democracia y el Estado de derecho, son herramientas indispensables para la protección, garantía y promoción de los derechos humanos en el mundo y la región.

El ejercicio de estas dos libertades, dentro de una sociedad democrática, impulsa el control ciudadano sobre la gestión pública y el accionar de los funcionarios públicos.

La relación estrecha entre democracia y las libertades de expresión y prensa es esencial dentro de los Estados democráticos, de ahí la necesidad de garantizar su libre ejercicio y protección, en especial a los periodistas que por su profesión son quienes ejercen de manera primaria y principal estas libertades democráticas.

Como lo menciona el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la comunicación libre, plural y participativa es una condición necesaria para el progreso de las sociedades que valoran y respetan los derechos humanos.

Pese a la existencia de estas obligaciones estatales y su centralidad en las sociedades democráticas, América Latina y el Caribe constituye una de las regiones del mundo en la cual el ejercicio de la libertad de expresión y prensa muestra graves retrocesos, vulneraciones y crecientes amenazas.

El ejercicio del periodismo afronta crecientes peligros en el marco de inseguridad y violencia estructural, los cuales ponen en riesgo la vida, la integridad física y los derechos laborales de quienes ejercen dicha profesión.

Reporteros Sin Fronteras, en su informe Ranking 2022 de libertad de prensa a nivel mundial (Freedom of the Press Worldwide 2022), señala que, virtualmente en todo el continente, los periodistas desarrollan su labor informativa en un entorno cada vez más deteriorado y tóxico.

El Informe Anual 2021 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que el hemisferio se ha transformado en una de las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo y las agresiones más graves, como el asesinato y el secuestro, se han vuelto las peores formas de censura.

Cada vez son más visibles y virulentos los ataques públicos que fragilizan a la profesión y alientan procedimientos judiciales abusivos, campañas de difamación e intimidaciones –especialmente contra las mujeres– y acoso en internet contra los periodistas críticos.

Es creciente la estigmatización y los ataques generalizados incentivados desde el poder público en contra de los periodistas a través del uso masivo de herramientas tecnológicas, redes sociales, centros de monitoreo, propaganda y espionaje, mediante los cuales se impulsan mensajes de polarización y desprestigio a la labor de los periodistas.

En Venezuela y Nicaragua se clausuran medios de comunicación independientes a través de investigaciones judiciales con irregularidades procesales; suspendiendo espacios radiales y televisivos, vetando así a todas las voces críticas y disidentes.

BALANCE

En este difícil contexto, emergen como desafíos fundamentales: el fortalecimiento de los medios de comunicación nacionales, locales y comunitarios; mejorar las condiciones laborales de los periodistas; la inclusión a la comunicación de grupos poblacionales tradicionalmente excluidos; la alfabetización digital y el desarrollo de buenas prácticas tendientes a contrarrestar la desinformación y las noticias falsas.

Es impostergable combatir la censura y la violencia en todas sus expresiones. No podemos seguir siendo la región más peligrosa en el mundo para el ejercicio del periodismo. Una sociedad democrática debe garantizar espacio para todas las voces.