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El Mirador
Redacción

La violencia en Sinaloa y las mujeres asesinadas

En la última década en Sinaloa cuatro de cada 10 casos de feminicidio se perpetraron con arma de fuego, de acuerdo con cifras de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública. En la entidad, además, mujeres son reclutadas con base en engaños como jornaleras, para laborar con abusos y maltratos. Este panorama pinta en el estado donde, de acuerdo con últimos reportes, se prohibió a la ciudadanía salir a las calles por diversos enfrentamientos entre el crimen organizado y el Ejército mexicano. 

 

Este 5 de enero las personas en Sinaloa se encuentran hacinadas, sin poder laborar o acudir a escuelas, mientras en las calles se desata el caos. “Se suspenden las labores en su totalidad, se recomienda mantenerse en sus hogares”, fue el mensaje que compartió el gobierno del estado en sus redes sociales, causando indignación y el retumbar de la pregunta ¿en qué país vivimos?

 

Este panorama ha sido una constante para la ciudadanía de Sinaloa, donde en 2021 se perpetraron 636 homicidios dolosos, mientras que para 2022 la cifra fue de 494, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, el gobernador de la entidad Rubén Rocha Moya, reportó que durante el último año únicamente se perpetraron 157 homicidios dolosos.

 

La disparidad en las cifras también se refleja al hablar de feminicidio, pues mientras el gobierno de la entidad minimiza el delito, el SESNSP registró 28 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales únicamente 17 se investigan como feminicidio, lo anterior pese a que en 2017 fue declarada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad.

 

Explotación laboral contra mujeres jornaleras 

A las problemáticas anteriores se suman las malas condiciones laborales en las que se encuentran decenas de mujeres jornaleras en Sinaloa. 

 

Al día de hoy estas condiciones continúan siendo una realidad, por lo que a esto se suma la variable del crimen organizado, el cual, acusa el Centro de Derechos Humanos, ha tomado el control de las rutas de los jornaleros agrícolas y “se ha posicionado dentro de este campo de trabajo para hacer de la migración jornalera un negocio”.