En nuestro país, en lo que va de 2023 se han registrado 204 muertes maternas, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud. Sin embargo, el 90 por ciento de estos decesos pudo haber sido prevenible, asegura la organización Ipas.

 

El informe de notificación inmediata de muerte materna destaca que la institución que más reporta defunciones de mujeres es la Secretaría de Salud, seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde se registraron 49 casos. También se reporta que 38 mujeres fallecieron sin recibir atención en una institución. 26 perdieron la vida en un hospital privado. Y 10 como parte de las atenciones del IMSS Bienestar.

 

90 por ciento de casos de muerte materna son prevenibles

Cifras correspondientes al 13 de febrero de 2023 destacan que las entidades con más defunciones maternas son: Chiapas, México, Baja California, Guerrero y Jalisco. Ya que en conjunto suman el 44.1 por ciento de las defunciones registradas.  

 

Al hablar de las principales causas de defunción materna se encuentran: 

 

Hemorragia obstétrica 

Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio

Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 

Sepsis y otras infecciones puerperales

Estas afecciones, señala la organización Ipas, son prevenibles hasta en un 90 por ciento. Sin embargo, la persistencia en las cifras pone en evidencia que la mortalidad materna es un indicador que revela “desigualdades sociales en el acceso a servicios de salud”.

 

Y es que en el país hay falta de acceso a servicios de salud de calidad -lo que se asocia con costos elevados de la atención médica- deficiencias en insumos y equipos, y falta de personal capacitado, asegura el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).  A lo anterior se suman las barreras estructurales como las leyes, políticas y prácticas que perpetúan la discriminación contra las mujeres.

 

Esto pese a que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece en el artículo 12 “la obligación de los Estados de adoptar medidas tendientes a asegurar a las mujeres el acceso a servicios de salud en general, en igualdad de condiciones, los cuales incluyen los servicios apropiados en relación con el cuidado del embarazo, el parto y el periodo posterior al parto (puerperio)”, recuerda GIRE. 

 

Por ello, ambas organizaciones exigen que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en esta materia, pues aún con la existencia de la NOM-007 – sobre la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido- y marcos normativos como Ley General de Salud (donde se establecen diversas acciones encaminadas a identificar y erradicar los factores de riesgo para la salud de las mujeres embarazadas) la Razón de Mortalidad Materna (RMM) no ha visto una reducción importante.

 

Violencia obstétrica

Poco a poco, la violencia obstétrica ha sido reconocida como uno de los métodos de tortura usado específicamente contra las mujeres. De acuerdo con Edith Escareño Granados, coordinadora general del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), estas prácticas se han hecho más visibles en México. 

 

Durante un conversatorio sobre los nuevos retos ante la actualización del Protocolo de Estambul, celebrado este martes 12 de julio, Edith Escareño estuvo acompañada de otros miembros del CCTI y diversas organizaciones. La también psicóloga abordó las modificaciones que se hicieron a dicho protocolo este 2022.

 

En una de sus participaciones, la coordinadora del CCTI afirmó que la violencia obstétrica y sexual han ampliado el panorama sobre lo que implica la tortura en México. En este sentido, consideró necesario observar con detenimiento cómo las modificaciones del Protocolo de Estambul contribuyen a la investigación de estas prácticas.

 

Tanto Edith Escareño como Felicitas Treue –quien también es parte del CCTI– coincidieron en que identificar este tipo de tortura es complicado cuando las autoridades no tienen una preparación adecuada: puede caerse en la revictimización o intimidación que impida a las víctimas hablar abiertamente sobre sus casos.

 

La situación actual de la violencia obstétrica como tortura en México

En 2019, diversas organizaciones de la sociedad civil entregaron un informe sombra sobre la situación de la tortura en México frente al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según este documento, entre 2014 y 2018, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) registró 474 quejas de mujeres por diferentes manifestaciones de violencia obstétrica.

 

De acuerdo con el relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, cuando instituciones del Estado como hospitales públicos son quienes ejercen este tipo de violencia, entonces se habla de una forma de tortura.

 

En 2017, el relator también advirtió que dicha práctica es un “problema serio” en México. Ese mismo año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación general ante la persistencia del problema.

 

A pesar de esto, el país sigue registrando casos como el de Irene Cruz Zúñiga, mujer de la comunidad indígena na savi, a quien le implantaron un dispositivo intrauterino (DIU) sin su consentimiento en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con el informe sombra de 2019, las comunidades marginadas sistemáticamente son de las más afectadas por estas prácticas.

 

Debido a esto, las y los asistentes al conversatorio sobre las modificaciones al Protocolo de Estambul coincidieron en la importancia de tomar las recomendaciones de estas guías para hacer más eficaz la identificación de las violencias.

 

Trabajo complicado por las negligencias estatales

Para Edith Escareño y Candelaria Castellanos, abogada del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos (Código DH) en Oaxaca, uno de los principales retos en la aplicación efectiva del Protocolo de Estambul consiste en el mal uso que las autoridades mexicanas hacen de él.

 

Para las activistas, aquí y en otras partes del mundo, instituciones como las fiscalías reducen el protocolo a una guía de cómo debería hacerse un dictamen médico. Además, es el único país que exige que el dictamen sea elaborado por peritos certificados, aun cuando la Organización de las Naciones Unidas no lo recomienda.

 

En opinión de ambas especialistas, esto entorpece la identificación y atención de los casos de violencia obstétrica ejercida como tortura. A esto se suma la actitud intimidante y falta de ética del cuerpo policial al tratar con las víctimas.

 

Por otro lado, Edith Escareño señaló que las autoridades suelen usar el Protocolo de Estambul de forma equivocada para retrasar los casos intencionalmente. Así –mencionó la psicóloga– se llega absurdos como descalificar la validez de pruebas fotográficas únicamente porque no están tomadas con el tipo de cámara recomendado en el Protocolo.

 

En este sentido, Felicitas Treue remarcó que una de las modificaciones más importantes en el documento es la inclusión de un capítulo donde se explica el uso correcto del manual para las autoridades.

 

El Comité contra la Tortura de la ONU ha determinado que México no cumple con un trabajo satisfactorio para prevenir y sancionar las diversas manifestaciones de tortura presentes en el país. 

 

Para las y los participantes del conversatorio celebrado este 12 de julio, es urgente la aplicación correcta del Protocolo de Estambul. Por ello, esperan que las variaciones en el manual finalmente generen un cambio en las deficiencias de las instituciones mexicanas.