Las últimas cuatro semanas la sociedad mexicana y, esperaríamos que todo el mundo, estuvo al tanto del juicio contra Genaro García Luna y, lo que muchas y muchos esperábamos el señalamiento a Felipe Calderón como socio delictivo.
Felipe Calderón Hinojosa fue presidente de México del 1 diciembre 2006 al 30 de noviembre de 2012, mismo periodo en el que su mano derecha, secretario de Seguridad Pública, fue Genaro García Luna.
En 2007, los responsables de la seguridad de las y los mexicanos declararon la Guerra contra el narcotráfico. Hoy, uno de ellos, enfrenta tres cargos por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y uno más por dar declaraciones falsas. Se trata de delitos graves por los que podría ser sentenciado entre 10 años de cárcel a cadena perpetua, a menos que se llegue a un acuerdo.
Los testigos fueron integrantes de grupos delictivos como Sergio Villarreal Barragán; Tirso Martínez o El Mecánico; Harold Poveda; Israel Ávila; Jesús Zambada; así como Francisco Cañedo y Raúl Arellano, ex policías federales y testigos del tráfico de droga; son algunos de los 26 testigos presentados por el equipo que encabeza la fiscal SarithaKomatireddy para comprobar que el Cartel de Sinaloa entregó sobornos millonarios a García Luna para ayudar en el paso de toneladas de droga por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que la defensa, encabezada por César de Castro, pretende denostar al señalar que, por ser delincuentes, no se puede confiar en su dicho. Como si el acusado no fuera un delincuente.
El sexenio de Felipe Calderón se catalogó como el más sangriento para las mujeres. De acuerdo con el diagnóstico La violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias (ONUMujeres, 2020), de 2007 al 2012, 12 mil 429 mujeres fueron víctimas de homicidio. Antes del 2007 el feminicidio ocurría principalmente dentro de los hogares; después de esa fecha, los asesinatos de mujeres no solo incrementaron si no que se modificó la forma en que sucedían: con mayor frecuencia en la vía pública e incrementó el feminicidio cometido con armas de fuego “durante los momentos más cruentos de la violencia relacionada con el crimen organizado”.
En este contexto violento se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) que, entre otras cosas, definió la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y pueden culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres”.
Hoy sabemos que se trató de más de 12 mil mujeres víctimas de feminicidio, la cifra podría ser mayor debido al subregistro.
La violencia contra la prensa no era menor, de acuerdo con el registro de CIMAC, en ese período se registraron 7 casos de feminicidio de mujeres periodistas perpetradas por la delincuencia organizada: tres en Oaxaca, uno en Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Chihuahua.
La última testigo en el juicio fue Cristina Pereyra, esposa de García Luna, porque la guerra contra el narco también nos trajo la “narco cultura” y la idealización del amor por el delincuente, entender sus motivaciones, humanizarlo en sus razones para ser criminal, saber que tiene una familia y si esta familia lo respalda, seguro es un “buen hombre”.
Así que el acusado no declaró. En su juicio por narcotráfico y delincuencia organizada durante el período más violento para las mujeres, la defensa la hizo su esposa. Por supuesto, explicó como trabajaron duro en negocios pequeños, ahorros, hipotecas y salieron adelante.
El juez a cargo es Brian Cogan, el mismo juez que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán en 2019, en un juicio que se lleva a cabo en Brooklyn, Nueva York y no en México.
Por cierto, la tendencia a la alza de casos de feminicidio, aún no se frena. Hasta nuestros días permanecen las consecuencias de sus estrategias de seguridad.
