Durante 2022 fueron asesinadas 24 personas defensoras del medio ambiente, de las cuales dos son mujeres. Además, se documentaron más de 582 agresiones en el mismo año, perpetradas en su mayoría por funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, reveló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en su Informe anual sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México.

 

El documento destacó que en total hubo un incremento de agresiones en un 82 por ciento respecto al 2021, lo que convierte al 2022 en el año más violento desde 2014, cuando se realizó el primer informe por parte de CEMDA.

 

Entre las agresiones más registradas se encuentran: intimidación, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y homicidios. Siendo las entidades de Guerrero, Chihuahua, Oaxaca y Puebla las más violentas para personas defensoras del medio ambiente.

 

Respecto a las agresiones por sector, la minería ocupa en 2022 el primer lugar, con los registros más altos de los últimos cinco años. CEMDA también menciona al sector de vías de comunicación (con 26 eventos), puesto que las agresiones cometidas en este se encuentran principalmente relacionadas con proyectos a gran escala, cómo el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el denominado Tren Maya. 

 

En cuanto a los principales agresores, la categoría Gobierno se ubica en primer lugar, con 89 eventos de agresión que representan el 45 por ciento del total y de integra por autoridades en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal); fiscalías estarles y federal; cuerpos militares con tareas de seguridad pública como Guardia Nacional , Secretaria de Marina y la Secretaria de la Defensa Nacional e incluso una agresión registrada por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 

En esta categoría, destaca el informe, también de identifican binomios como: gobierno y delincuencia organizada; fiscalía y gobierno estatal; gobierno y Guardia Nacional; gobierno y empresas; así como gobierno estatal y gobierno municipal.

 

En segundo lugar se encuentra la categoría de agresor no identificado, debido a la falta de esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades o debido a la falta de denuncia y, por tanto, de la investigación de las violaciones a derechos humanos y delitos perpetrados.

 

Finalmente, en tercer lugar se encuentra la delincuencia organizada como agente de agresión, representando el 13 por ciento del total de los eventos.

 

En ese sentido, en el informe se expuso que durante la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador se tienen registrados 82 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, además de 197 eventos de agresión en los que se atentó contra la vida.

 

Mujeres defensoras del medio ambiente enfrentan acoso y violencia sexual

En entrevista con Cimacnoticias, Juana Inés Ramírez Villegas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), destacó que ha logrado detectar diversas violencias en contra de ella y otras mujeres que defienden el territorio ante el proyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

 

«El acoso y la agresión verbal hacia la mujeres se da más porque las Fuerzas Armadas nos consideran como el sexo débil, que no podemos defendernos o alzar la voz, específicamente en el Istmo las mujeres hemos encabezado esta lucha, pero aún con el paso del tiempo somos más vulnerables. Me han tocado más amenazas de elementos de la Marina a comparación de los compañeros hombres, sí hay esa diferencia de trato. Nos dicen que no quieren hablar con nosotras por ser mujeres».

 

Además, con la entrada del Corredor Interoceánico, asegura, «pasamos a ser la segunda Ciudad Juárez, porque el sur va a depender de mano de obra barata de mujeres, van a trabajar en las maquiladoras que instalen y también va a haber trata de mujeres y niñas, la cual va dentro del canal «el paso», que es el punto estratégico que se resume como el paso de mercancias. Sumado a ello el aumento de militarización también genera acoso, amenazas y violencia contra las mujeres defensoras». Y es que recordó que el pasado 8 de marzo elementos de la Marina intentaron desalojarlas de un plantón que mantenían como protesta. Ante ello, acusa, el gobierno «ha tenido oídos sordos».

 

Por ello, afirma Norma González, jefa de Análisis e Incidencia de Amnistía Internacional México, es necesario que las autoridades exploren con enfoque diferenciado las violencias que enfrentan las mujeres y los hombres.

 

«Vemos que es muy mínima la cifra de mujeres defensoras agredidas, de alguna forma es malo porque se desdubuja y quita el foco de ellas. No son solo hombres defensores agredidos, sino también mujeres. Así sean solo una o cuatro las mujeres agredidas, uno de los retos pendientes es analizar cuáles son los impactos diferenciados cuando ellas son agredidas», expresó Norma González.

 

Añadió que otro punto invisibilizado es lo que sucede con las familias de los hombres defensores del medio ambiente que son asesinados, desaparecidos o desplazados, pues son las mujeres quienes enfrentan «una carga doble» tras enfrentar dichas violencias pues además de absorber las labores de cuidados, entra en el panorama el tema económico y emocional.

 

«Falta analizar esos impactos incluso en las propias carpetas de investigación», expresó, por lo que hizo un llamado a la inclusión de análisis diferenciados en las investigaciones.