En la historia de la lucha feminista, la presencia de medios de comunicación comprometidos y éticos ha sido una constante demanda. Como es bien sabido, la teoría feminista ha propuesto desde hace décadas, con líderes como Marcela Lagarde al frente, una aculturación feminista que tenga eco en los medios y que promueva el respeto y la dignidad hacia las mujeres.

En esta línea, se ha dado un paso significativo con la reciente aprobación de la Ley Ingrid, llamada así en memoria de Ingrid Escamilla, una joven víctima de feminicidio cuyas imágenes fueron filtradas de manera atroz a la prensa. La Ley surge como un mecanismo para exigir a los medios un trato ético y respetuoso de las víctimas de violencia, además de buscar castigar a quienes difundan imágenes violentas que revictimicen a las afectadas. Un acto de justicia hacia Ingrid y hacia todas las mujeres que han sufrido violencia.

Sin embargo, y pese a la bienvenida que esta Ley puede tener, cabe preguntarse si estamos en el camino correcto o simplemente acumulando reglamentaciones que terminan relegadas al olvido. Si bien la Ley promete ser una herramienta de cambio, el 98% de impunidad que impera en México puede diluir sus efectos, convirtiéndola en una promesa más en la larga lista de legislaciones incumplidas.

Desde 2007, leyes y convenios como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Convenio con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, han propuesto estrategias y sanciones para garantizar un tratamiento mediático digno hacia las mujeres, sin obtener resultados concretos hasta la fecha. Las directrices que deberían guiar la actuación de los medios no han sido desarrolladas y, por ende, su incumplimiento no ha sido sancionado.

Por otro lado, esta nueva Ley podría encontrarse con resistencias significativas por parte de los medios que la perciban como una forma de censura, además de que no atiende a la urgente necesidad de una estrategia preventiva que erradique la violencia de género desde su raíz.

La Convención de Belém do Pará, ratificada por México, instaba ya en 1994 a los medios a desarrollar directrices éticas para prevenir la violencia contra las mujeres, sin que hasta ahora se haya hecho una realidad.

La relación privilegiada entre los gobiernos y las empresas mediáticas ha sido un obstáculo recurrente para avanzar en este campo. La falta de voluntad por parte de estos agentes para escuchar y atender las demandas feministas y para promover un trato digno hacia las mujeres y las niñas, nos coloca en una encrucijada donde se priman otros intereses sobre el bienestar y la dignidad de las víctimas.

Ante este panorama, es imperativo que tanto la sociedad como los poderes públicos tomen la determinación de no sólo crear leyes, sino de garantizar su cumplimiento efectivo y su articulación en una estrategia integral que erradique la violencia de género y promueva una cultura de respeto y equidad.

La Ley Ingrid, aunque necesaria, no debe ser el final del camino. Debe ser el inicio de un esfuerzo sostenido y serio por transformar no solo los medios de comunicación, sino la sociedad en su conjunto, poniendo en el centro la vida y la dignidad de las mujeres y las niñas.

El feminismo nos ha dado las herramientas y las directrices para encaminar este cambio. Es momento de que las instituciones estatales y los medios de comunicación tomen en serio estas propuestas y trabajen conjuntamente para crear un entorno seguro y respetuoso para todas las mujeres. Porque la vida y la dignidad de las mujeres no pueden ser materia de negociación ni de compromisos a medias; deben ser una prioridad inaplazable y central en la agenda de cualquier sociedad que aspire a ser justa y equitativa.