Las maternidades forzadas, impuestas por legislaciones restrictivas en América Latina y el Caribe, no solo representan una violación a la autonomía reproductiva y sexual de las mujeres, sino que también destruyen sus proyectos de vida, desencadenan daños emocionales y comprometen gravemente su salud. Esta imposición lleva en sí una carga que es capaz de convertir un problema de salud en una condena perpetua.

El Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe advierte sobre el trato "cruel, inhumano y degradante" que implica la criminalización del aborto. Las historias de mujeres que han sido procesadas por interrumpir su embarazo revelan las profundas cicatrices que dejan estas legislaciones.

Cristina Rosero, asesora legal del Centro, argumenta que la autonomía sexual y reproductiva es esencial para que las mujeres sean consideradas ciudadanas plenas. Si bien esta declaración puede parecer obvia, las historias de quienes han sido penalizadas por abortar ilustran la brutalidad de su desconocimiento.

Manuela, una campesina oriunda de El Salvador, es un claro ejemplo de esta tragedia. Tras sufrir una emergencia obstétrica en casa, en lugar de recibir atención médica adecuada en el hospital, fue acusada, arrestada, juzgada sin garantías y condenada a 30 años de prisión. Su historia se torna aún más desgarradora al conocer que padecía un cáncer linfático, el cual se agravó durante su encarcelamiento, llevándola finalmente a la muerte.

El Salvador, con su prohibición total del aborto, se convierte en una especie de cárcel para mujeres como Manuela. Cristina Rosero señala la dura realidad que enfrentan estas mujeres, cuyas vidas se ven truncadas no solo por el encarcelamiento, sino también por la desintegración familiar y el aislamiento. Las huellas que deja este trauma en la vida de las mujeres son indelebles, afectando no solo su presente, sino también su futuro.

La estigmatización es otra de las terribles consecuencias. Incluso después de cumplir sus sentencias, estas mujeres enfrentan discriminación, dificultades para reintegrarse al mercado laboral y prejuicios constantes en sus comunidades. El antecedente penal se convierte en una sombra que ensombrece cualquier intento de reinserción y construcción de un futuro.

La criminalización también tiene un impacto directo en la salud mental y emocional de las mujeres. Aquellas que, buscando ayuda, se acercan a sistemas de salud, a menudo enfrentan barreras, malos tratos y estigmatización. En países como Colombia, el trauma se agrava cuando a las mujeres se les muestra el producto abortado o se revelan sus datos confidenciales.

Es fundamental recordar que las más afectadas por estas legislaciones son las mujeres más vulnerables: aquellas con escasos recursos, de pueblos originarios y con bajos niveles de escolaridad. Las cifras y testimonios recabados por el Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe nos muestran una dolorosa realidad: el aborto no es solo un tema de salud y derechos, es un reflejo de las profundas brechas de desigualdad en nuestra región.

La lucha por los derechos reproductivos de las mujeres no es simplemente una cuestión de autonomía; es una lucha por la justicia, la igualdad y, en última instancia, por la dignidad humana. Es hora de actuar y trabajar en favor de las mujeres en nuestra región.