El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este martes un decreto del 2022 que beneficiaba a grupos vulnerables en Culiacán con descuentos de hasta el 50% en el pago de agua potable. La decisión se basó en una controversia constitucional promovida por la capital del estado de Sinaloa.

El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá concluyó que el decreto del 9 de febrero de 2022 del Congreso de Sinaloa, que reformaba el artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado, violaba la libre administración hacendaria y la reserva de fuentes de ingresos municipales. Además, se señaló que establecía exenciones o subsidios prohibidos por la Constitución.

"Estas disposiciones, al establecer tarifas y cuotas especiales en una ley estatal, contravienen la prohibición de exenciones o subsidios del artículo 115, fracción cuarta, segundo párrafo de la Constitución Federal", explicó el ponente.

Con esta resolución, en Culiacán se dejará de aplicar la reforma al artículo 50 de dicha ley, que otorgaba tarifas especiales del 50% a pensionados, jubilados, personas adultas mayores y personas con discapacidad, siempre que acreditaran su situación y tuvieran un consumo bimestral de hasta cincuenta metros cúbicos.

Durante la sesión, dirigida por el ministro Luis María Aguilar, el ministro Alberto Pérez Dayán defendió el proyecto, afirmando que la Corte no busca eliminar un beneficio, sino aplicar la ley federal que prohíbe las exenciones fiscales.

"Será la sensibilidad del propio municipio la que determine cómo proporcionar estos beneficios sin infringir la ley. No estamos quitando un beneficio, sino describiendo por qué la legislatura estatal no puede otorgarlo", explicó Pérez Dayán.

La ministra Lenia Batres votó en contra, argumentando que la norma impugnada no constituía una exención o subsidio, sino una tarifa especial para un sector vulnerable. La ministra Yasmín Esquivel también defendió la medida como un principio de justicia tributaria.

Finalmente, Pérez Dayán sugirió que el Congreso local podría establecer otros mecanismos de apoyo para los sectores vulnerables, como transferencias directas, sin afectar la hacienda municipal y cumpliendo con la Constitución Federal.

Con la información de: La Jornada
Imagen: Luis Castillo