Aunque desde septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México despenalizó el aborto en todo el país, declarando inconstitucional prohibir la interrupción del embarazo, el Congreso de la Unión y 19 estados del país siguen sin acatar el fallo, el cual busca proteger los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

En el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemora cada 28 de septiembre, activistas reconocen avances en el tema, pero también retrocesos, como la reforma avalada por el Congreso de Aguascalientes para reducir de 12 a seis las semanas de gestación el plazo de aborto legal, la cual ya se alistan a impugnar.

Entonces, eso quiere decir que todavía nos faltan al menos entre 19 y 20 estados para lograr que haya un piso mínimo, tomando en cuenta que, también, hace un mes vimos un retroceso importante en Aguascalientes, donde se restringió el derecho a decidir a la semana seis, lo que, sin duda, nos prende las alertas de procesos que vayan a ser similares y que busquen restringir los derechos reproductivos”, advierte.

Para Melissa Ayala, coordinadora de Litigios del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la reducción del plazo para el aborto legal avalada en Aguascalientes implica un retroceso y es abiertamente inconstitucional.

Además de que en nuestro país existe el principio de progresividad de los derechos humanos, también la Suprema Corte habla de la razonabilidad en el plazo; por supuesto que seis semanas no es un plazo razonable”, considera.

En los estados en los que ya se canalizó el aborto, las compañeras nos mencionan que hay una falta de insumos, de personal y, también, de lugares a donde abortar. Por ejemplo, Oaxaca, que tiene más de 500 municipios, solamente tiene 11 unidades en todo el estado para brindar servicios de aborto”, subraya Ninde Molre.

Otro obstáculo es la falta de regulación en el tema de objeción de conciencia, derecho de personal médico y de enfermería para oponerse a la práctica por motivos religiosos, morales o filosóficos.

En 2021, la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, donde se regula la objeción de conciencia, ya que la forma en la que estaba definida era tan amplia que permitía que se violaran los derechos humanos de las pacientes… Hasta la fecha, el Congreso no ha emitido una regulación con base en los posicionamientos de la Corte y esto permite que, en distintos estados, la objeción de conciencia sea mal utilizada”, destaca Melissa Ayala.

La abogada de GIRE, organización pionera en la lucha por la justicia reproductiva en México, confía en que la llegada de una mujer a la Presidencia dé un golpe de timón en las políticas públicas sobre el tema.

Sí veo con esperanza la llegada de la Presidenta; me parece que está rodeada de gente muy capaz, de muchas personas que han estado en el movimiento feminista por muchos años, pero también hay que mencionar que esto no le toca a la Presidenta, esto es una chamba que le corresponde cumplir al Congreso y que, después, ya le tocará la Presidenta, a través de la administración pública, la implementación”, concluye.

Actualmente son 13 legislaciones que en su Código Penal ya no criminalizan el aborto y 14 entidades del país brindan servicios de aborto en el sector público de salud”, explica en entrevista la activista y abogada Ninde Molre, de Abortistas MX.