Ricardo Márquez Blas se desempeñaba como coordinador de fortalecimiento institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cargo que asumió en agosto de 2023. Esta posición fue creada por la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, como parte de un reajuste en la estructura del máximo tribunal, y está orientada a labores de logística, protocolo, gestión administrativa y seguridad dentro de la institución. En su rol como responsable de esta área, Ricardo Márquez Blas recibe un salario mensual neto de 122 mil 747 pesos, junto con beneficios como prima quinquenal, aguinaldo, incentivo por antigüedad, apoyo para lentes graduados, bono por el día del padre y un estímulo por jubilación.
Antes de ocupar este puesto, Márquez Blas desarrolló una carrera destacada en el diseño, implementación y evaluación de políticas de seguridad pública en México. Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando Genaro García Luna estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, Márquez Blas ocupó la titularidad del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Su detención afecta directamente la imagen de la SCJN, que busca ser percibida como un órgano imparcial, confiable y transparente en la administración de justicia. En un contexto donde la violencia de género y los delitos sexuales son temas de gran preocupación en México, este caso genera un fuerte impacto mediático y social, ya que involucra a un alto funcionario en una denuncia que destaca los riesgos a los que las mujeres trabajadoras se enfrentan, incluso dentro de entidades encargadas de la administración de justicia. La SCJN es un pilar del sistema judicial mexicano, y que un funcionario de tan alto nivel sea acusado de un delito grave como abuso sexual pone en duda la capacidad de la institución para proteger a su propio personal y garantizar la integridad de quienes trabajan en ella.
Según los reportes, los hechos ocurrieron en agosto, cuando la denunciante habría sido llamada a la oficina del funcionario y, tras una serie de insinuaciones, fue agredida. La mujer, cuya identidad se mantiene anónima, habría estado embarazada en el momento del ataque y denunció una amenaza de aborto como consecuencia de la agresión.
La acusación fue presentada ante la Fiscalía de Delitos Sexuales y también ante la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) de la SCJN. Las autoridades obtuvieron una orden de aprehensión que fue cumplida por la Policía de Investigación.
Su arresto marca un precedente en la lucha contra la impunidad en delitos sexuales, especialmente cuando involucran a funcionarios de alto rango.
Con información de Infobae.
