El parlamento de Corea del Sur aprobó el sábado una moción para iniciar un juicio político contra el presidente Yoon Suk Yeol, debido a su controvertido decreto de ley marcial. Esta decisión marca un momento histórico en la política del país, ya que refleja el creciente descontento social y la presión legislativa hacia su gobierno, tras semanas de incertidumbre.

Con 204 votos a favor y 85 en contra, la moción fue respaldada por una mayoría significativa en la Asamblea Nacional. Esto suspendió los poderes y deberes presidenciales de Yoon, mientras que el primer ministro, Han Duck-soo, asumió sus funciones como el segundo cargo más alto del gobierno surcoreano.

Este es el segundo intento de juicio político contra Yoon. El sábado pasado, el mandatario logró sobrevivir a una votación similar, gracias al boicot de la mayoría de los legisladores del partido gobernante. Sin embargo, la presión aumentó luego de las protestas públicas en su contra y una caída en su índice de aprobación, lo que hizo que algunos diputados del Partido del Poder Popular se sumaran a la moción.

La Corte Constitucional ahora tiene hasta 180 días para determinar el futuro de Yoon: o bien lo destituye de forma permanente o restaura sus poderes. En caso de ser removido, se tendrían que convocar elecciones para elegir a un nuevo presidente en un plazo de 60 días.

Este episodio subraya la complejidad de la política surcoreana y el impacto de las crisis internas en su sistema democrático, donde la presión ciudadana y los actores políticos juegan un papel clave en el destino del liderazgo presidencial.