La frontera entre México y Estados Unidos cierra 2024 bajo una creciente incertidumbre. La amenaza de deportaciones masivas por parte del presidente electo estadounidense, Donald Trump, quien retomará el poder en enero, ha generado alarma entre migrantes, defensores de derechos humanos y sectores económicos clave en ambos países.
Trump, quien cimentó su victoria electoral en un discurso antiinmigrante, reafirmó su compromiso de deportar a millones de personas indocumentadas y frenar el flujo migratorio desde México. Entre sus promesas figura la reanudación de la construcción del muro fronterizo y la implementación de medidas restrictivas para solicitantes de asilo.
Texas, liderado por el gobernador republicano Greg Abbott, ya se perfila como el principal aliado en los planes migratorios del próximo gobierno. Abbott aseguró que su administración colabora estrechamente con el equipo de transición de Trump para implementar cambios drásticos en la política migratoria desde el primer día de su mandato.
“Estamos listos para proteger nuestra soberanía y garantizar un control más estricto en la frontera”, afirmó Abbott tras reunirse con Tom Homan, designado por Trump como su “zar de la frontera”.
Sin embargo, organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) están preparadas para enfrentarse a las nuevas medidas. “Defenderemos a los migrantes en los tribunales, tal como lo hicimos en la primera administración de Trump”, declaró Maribel Hernández Rivera, representante de la organización.
El impacto económico también preocupa. Sectores como la construcción y la agricultura, altamente dependientes de trabajadores indocumentados, advierten sobre las graves consecuencias de las deportaciones masivas. Según el Brookings Institution, estas políticas podrían reducir el crecimiento económico de Estados Unidos hasta en 110,000 millones de dólares en 2025.
En Ciudad Juárez, del lado mexicano, la preocupación es palpable entre las comunidades migrantes. Eva María Sánchez, de 50 años, busca asilo tras escapar de la violencia en su país de origen. “Le pido a Trump que se ponga la mano en el corazón. No todos los migrantes somos malos; solo queremos trabajar y salir adelante”, expresó.
Cristina Coronado, activista del Ministerio para Migrantes, señaló que los migrantes no solo enfrentan el riesgo de deportación, sino también la inseguridad en su tránsito por México. “El alto número de secuestros en el camino demuestra la corrupción dentro de las fuerzas policiales y militares, y el Gobierno no ha hecho nada para detenerlo”, denunció.
Mientras tanto, nuevas caravanas migrantes avanzan desde la frontera sur de México con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos antes de que Trump asuma la presidencia. La frontera se convierte en un espacio de tensión creciente, donde miles de vidas penden de decisiones políticas que podrían cambiar su destino.
