En una nueva escalada de violencia, disidentes de las FARC, específicamente del Estado Mayor Central (EMC), retuvieron a 29 miembros de la Fuerza Pública en la zona del Cauca, al suroeste de Colombia. El secuestro, que involucró a 27 policías y 2 militares, ocurrió el 6 de marzo de 2025, en el contexto de una ofensiva militar lanzada por el gobierno para combatir el narcotráfico en la región.

Según las autoridades, la retención se produjo en los municipios de Argelia y El Tambo, áreas de gran concentración de cultivos de coca, donde el gobierno ha intensificado esfuerzos para erradicar la producción de drogas. El ministerio de Defensa condenó la acción, calificándola como una respuesta desesperada del EMC ante los fracasos en las negociaciones de paz con el gobierno.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron a los uniformados retenidos en una escuela, rodeados de pobladores locales, mientras que las autoridades aseguraron que los secuestrados estaban en buen estado de salud. A pesar de las tensiones, el gobierno de Gustavo Petro demandó la inmediata liberación de los uniformados y responsabilizó al EMC por sus acciones. El hecho ha desatado una oleada de críticas, ya que la retención de personal militar y policial en la región afecta directamente los esfuerzos del gobierno para desactivar el conflicto armado que ha azotado al país durante más de seis décadas.

La Fiscalía colombiana ha iniciado investigaciones para dar con los responsables de este acto, mientras se prepara una reunión en Popayán, con el fin de abordar las causas y consecuencias de este nuevo ataque.