El Senado analiza una reforma impulsada por el Ejecutivo federal que obligará a panteones, cementerios, funerarias y fosas comunes a registrar digitalmente datos forenses, ubicación exacta y destino (inhumación o cremación) de cada cuerpo que reciban, en un plazo máximo de 180 días. La información se integrará al Banco Nacional de Datos Forenses y será accesible para fiscalías y autoridades de seguridad, con el objetivo de evitar la pérdida de identidades en el marco de la crisis de desapariciones.

La iniciativa, turnada a comisiones unidas del Senado, modifica la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y establece que hasta los restos en fosas comunes deberán documentarse con "registros precisos y actualizados". Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, llamó a colectivos de buscadores —especialmente a madres— a sumar propuestas antes del debate legislativo, que iniciará el próximo martes.

El gobierno federal insiste en que la medida es clave para localizar e identificar a víctimas de desaparición, citando el caso del rancho Izaguirre como ejemplo de la urgencia.