La entrada en vigor de nuevas medidas para limitar la venta de comida chatarra en universidades privadas ha sido suspendida por tiempo indefinido debido a la resolución de jueces y tribunales federales que otorgaron suspensiones definitivas. Entre las instituciones afectadas se encuentran universidades de renombre como la Universidad Panamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey, que se beneficiaron de estas suspensiones.
Estas medidas, que forman parte de una estrategia para promover una vida saludable y reducir el consumo de alimentos poco nutritivos, se encontraban previstas para entrar en vigor el 29 de marzo. Sin embargo, los comercios dentro de estas universidades no podrán aplicarlas debido a los fallos judiciales que concedieron las suspensiones, argumentando que la mayoría de los estudiantes de nivel superior son adultos y no deben estar sujetos a regulaciones restrictivas sobre lo que pueden consumir.
Uno de los casos más relevantes ha sido el de Maison Kayser, una empresa de distribución de alimentos que tiene presencia en varias universidades, incluyendo el Tecnológico de Monterrey y la Ibero. La empresa logró que un juez le concediera una suspensión para evitar la aplicación de las nuevas reglas, permitiendo que continúe vendiendo sus productos a estudiantes mayores de edad. Esta decisión fue confirmada por un tribunal colegiado, que señaló que los comercios deben tomar las medidas necesarias para cumplir con la normativa, pero únicamente cuando vendan productos a menores de edad.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) intentó evitar las suspensiones, argumentando que las medidas están orientadas a proteger la salud de la población estudiantil, especialmente de niños, adolescentes y jóvenes. Según la SEP, estas medidas son fundamentales para combatir el sobrepeso y la obesidad, además de fomentar una cultura de prevención en el país. Sin embargo, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México concluyó que no existe justificación constitucional para prohibir la venta de alimentos a adultos en universidades, simplemente por el hecho de que se encuentren en un espacio educativo.
Este revés judicial genera incertidumbre sobre la implementación de las políticas públicas que buscan mejorar los hábitos alimenticios en las instituciones educativas, además de abrir el debate sobre la responsabilidad del Estado frente al derecho a la salud y las decisiones personales de los adultos.
