Por Redacción Contra Réplica

Acusan a gobierno de Trump de desacato por deportaciones ilegales

Juez federal afirma que se ignoró deliberadamente una orden judicial al aplicar ley del siglo XVIII contra migrantes.

Un juez federal dictaminó este miércoles que el gobierno del expresidente Donald Trump incurrió en desacato judicial al ignorar deliberadamente una orden emitida el pasado 15 de marzo, que prohibía la deportación de migrantes bajo una antigua ley de 1798, conocida como la Ley sobre enemigos extranjeros.

El juez James Boasberg, del Distrito de Columbia, consideró que las acciones del gobierno ese día, cuando más de 200 personas —en su mayoría venezolanos acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua— fueron deportadas a El Salvador, violaron directamente su mandato.

“El tribunal determina en última instancia que el gobierno ignoró deliberadamente su orden”, escribió Boasberg en su resolución, concluyendo que existe “causa probable para declarar al gobierno en desacato penal”.

La Corte Suprema levantó la prohibición de expulsión el pasado 8 de abril, permitiendo el uso de la ley de 1798, pero con la condición de que los migrantes pudieran impugnar su deportación en tribunales estatales, no en Washington.

El caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado a pesar de una orden judicial de 2019 que impedía su expulsión, ha cobrado especial relevancia. El gobierno admitió posteriormente que su deportación fue producto de un “error administrativo”. Sin embargo, su caso simboliza el conflicto entre las políticas migratorias radicales del expresidente Trump y las limitaciones impuestas por el poder judicial.

Trump firmó un decreto para aplicar la ley de 1798 contra supuestos miembros del Tren de Aragua, organización que Estados Unidos ha catalogado como grupo terrorista. De forma similar, también ha vinculado —sin pruebas— a Ábrego García con la pandilla MS-13.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha mostrado su respaldo a Trump, facilitando la megacárcel de máxima seguridad Cecot para recibir a los migrantes deportados. A cambio, su gobierno ha recibido seis millones de dólares en fondos provenientes de Washington.

Este episodio se enmarca en la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial estadounidense en torno a la política migratoria y el uso de medidas extremas para frenar la migración.