Mientras María, una artesana rarámuri, dedica semanas a bordar una napácha —blusa tradicional— que apenas le permitirá sobrevivir unos días, en Nueva York, la diseñadora Nikki Chasin vende una réplica casi exacta por 750 dólares, sin mencionar a la comunidad que la inspiró ni a las montañas sagradas que dan sentido a sus grecas. Lo llama simplemente “vestido zigzag”.

Este acto no es un caso aislado, sino parte de un fenómeno global que convierte la herencia cultural de los pueblos indígenas en mercancía, denuncian expertos como Olivia Meza, especialista de NGO Impacto. Desde 2012, la organización ha documentado al menos 41 casos de apropiación cultural indebida cometida por 31 diseñadores o marcas, tanto extranjeras como nacionales.

Entre las firmas que han incurrido en estas prácticas figuran Louis Vuitton, Dior, Carolina Herrera, Nike, Shein y Zara. Estas empresas han replicado iconografías, patrones y técnicas tradicionales sin consentimiento ni reconocimiento a los pueblos originarios. Algunas, como Zara y J. Marie Collections, son reincidentes.

En México, legisladoras como Susana Harp han impulsado reformas para frenar estos abusos. Desde 2022 está vigente la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que prohíbe el uso no autorizado de elementos culturales colectivos. Esta legislación fue considerada un avance histórico, aunque aún enfrenta retos, como la falta de reglamentos claros y mecanismos que aseguren una redistribución justa de beneficios.

La senadora Harp señala que la apropiación indebida genera un doble agravio: económico y simbólico. “Son elementos que no solo representan ingresos, sino que están profundamente ligados a la identidad y cosmovisión de las comunidades”.

Por su parte, la antropóloga Marta Turok advierte que, si bien la intención de estas leyes es loable, su implementación podría excluir a los artesanos individuales en favor de estructuras comunitarias debilitadas. El reto, subraya, es garantizar que tanto el creador como su comunidad se beneficien de forma equitativa.

La apropiación cultural indebida, tan extendida como invisibilizada, sigue siendo una deuda pendiente en un país donde la riqueza textil y simbólica de los pueblos originarios se sigue viendo como un recurso disponible, y no como un patrimonio que merece respeto, protección y retribución.