Entre 2012 y 2024, se documentaron 9 mil 629 agresiones contra mujeres que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica, según el informe publicado el 15 de abril por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). México concentra 1,291 de estos casos (13.4%), siendo superado solo por Honduras, que acumula el 70% de las agresiones.
El informe identifica tres momentos de alza en la violencia: tras el asesinato de Berta Cáceres en 2017, durante la pandemia en 2020, y en 2022, con el aumento de desalojos forzosos y la militarización de los territorios. Solo en México, entre 2022 y 2024 se reportaron 860 ataques, en su mayoría contra mujeres indígenas u organizadas que se oponen a megaproyectos extractivos o de infraestructura.
La organización alerta sobre el incremento de agresiones colectivas —dirigidas a comunidades y organizaciones— que pasaron del 46% en 2020 al 86% en 2024. Estas agresiones han sido cometidas con respaldo de autoridades locales o fuerzas de seguridad, y con frecuencia en contextos de exclusión social, particularmente hacia mujeres indígenas, afrodescendientes y garífunas.
Además, el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) señala que 2023 fue el segundo año más violento desde 2014, con 123 eventos de agresión documentados en México. Al menos 20 personas defensoras fueron asesinadas y 19 más desaparecidas. Las agresiones se concentraron en los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y se relacionaron con megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y concesiones mineras.
Tanto IM-Defensoras como Cemda coinciden en que México figura entre los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras del medio ambiente, y hacen un llamado urgente al Estado mexicano para reforzar los mecanismos de protección y garantizar entornos seguros que permitan a las defensoras ejercer su labor sin riesgo.
