Por Redacción Contra Réplica

Aprueban endurecer sanciones por provocar incendios en San Luis Potosí

Hasta 15 años de cárcel y multas de mil UMAs para quienes causen daños por fuego en áreas naturales, urbanas o protegidas.

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas al Código Penal para imponer castigos más severos a quienes provoquen incendios, ya sea de forma intencional o por negligencia. La iniciativa busca frenar prácticas que ponen en riesgo el medio ambiente, la salud pública y la seguridad de las comunidades.

Durante la sesión ordinaria, se avaló el decreto que modifica los artículos 235, 236, y del 294 al 299 del Código Penal del Estado. La diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, señaló que estas medidas buscan proteger ecosistemas estratégicos y fomentar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población y los sectores productivos.

La reforma, propuesta por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, establece penas de hasta 15 años de prisión y multas económicas equivalentes a mil días de salario mínimo (UMAs) a quienes generen incendios que afecten:
 

  • Áreas naturales protegidas o zonas de valor ambiental.

  • Suelos de conservación incluidos en programas de ordenamiento ecológico.

  • Barrancas, áreas verdes urbanas, predios baldíos con vegetación o basura acumulada.

  • Infraestructura ecológica urbana, como muros verdes o proyectos ambientales en desarrollo.

  • Zonas de pastizales, matorrales o inmuebles diversos.


Además, las penas aumentarán en una mitad si el daño abarca más de una hectárea o si se afectan más de mil metros cúbicos de recursos forestales.

Vázquez Hernández puntualizó que este tipo de medidas son necesarias ante el creciente número de incendios forestales y urbanos que han generado impactos ambientales significativos en el estado. Afirmó que las reformas buscan desalentar estas acciones mediante sanciones ejemplares, y reforzar la protección del patrimonio natural y urbano de San Luis Potosí.

Con esta decisión legislativa, el Congreso responde a una preocupación ambiental urgente, impulsando un marco jurídico más firme frente a delitos que dañan el equilibrio ecológico.