En una conferencia de prensa realizada el martes, Ricardo Anaya, líder de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), demandó al gobierno mexicano que rompa con el "pacto de impunidad" y procese a servidores públicos de alto nivel que, según él, están vinculados con el crimen organizado. Esta exigencia surge tras la revocación de la visa estadounidense a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Torres.

Anaya cuestionó la falta de transparencia en torno a la cancelación de las visas, especulando que podría estar relacionada con actividades de lavado de dinero provenientes del contrabando de combustibles, conocido como "huachicol fiscal". "Exigimos transparencia. Queremos saber si la razón por la que se retiró esa visa tiene que ver con que estaban lavando dinero del crimen organizado", declaró Anaya.

El senador también criticó que las autoridades mexicanas se enteren de estos casos a través de agencias extranjeras, en lugar de realizar investigaciones propias. "Es un secreto a voces que muchos servidores públicos de alto rango están vinculados con el crimen organizado", afirmó. 

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila ha negado tener cuentas bancarias en el extranjero y ha calificado la revocación de su visa como un asunto administrativo sin implicaciones legales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha salido en defensa de Ávila, asegurando que no posee cuentas bancarias en el extranjero, como han sugerido algunos medios. 

El caso ha generado tensiones políticas, con la oposición exigiendo mayor claridad y el oficialismo defendiendo a la gobernadora. La embajada de Estados Unidos en México ha afirmado que el caso es de carácter confidencial y se trata de un asunto personal.