La Corte Suprema de Estados Unidos permitió al gobierno de Donald Trump revocar el estatus de protección temporal, conocido como "parole", de aproximadamente 532,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta decisión, adoptada por la mayoría conservadora del tribunal, es temporal y estará vigente hasta que una corte de apelaciones resuelva el fondo del caso.

Este permiso especial, implementado por la administración de Joe Biden en 2022 y 2023, permitió la entrada legal de migrantes bajo ciertas condiciones: investigación de antecedentes, patrocinadores que garantizaban apoyo económico y vacunación contra COVID-19. El programa abarca a migrantes de los cuatro países mencionados, bajo la denominación CHNV.

En abril, una jueza federal en Boston bloqueó la revocación de este estatus legal, pero el gobierno pidió a la Corte Suprema levantar esa orden, lo cual fue aprobado. Sin embargo, las juezas progresistas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor expresaron su disenso, alertando sobre las “consecuencias devastadoras” para casi medio millón de personas que podrían enfrentar deportación inmediata o verse forzadas a abandonar Estados Unidos, arriesgando su seguridad y separación familiar.

La jueza Talwani argumentó que el gobierno interpreta mal la ley de inmigración, pues la expulsión acelerada sólo aplica para quienes entran ilegalmente, no para quienes cuentan con permisos legales.

Trump continúa enfrentando resistencia judicial en su política migratoria, pero la Corte Suprema ha sido clave en permitirle avanzar parcialmente. Recientemente, el tribunal también permitió suspender la protección temporal para unos 350,000 venezolanos, aunque las decisiones siguen siendo temporales en espera de futuros fallos.

La administración busca además deportar migrantes a países distintos de sus orígenes, incluyendo Sudán del Sur, en conflicto y con advertencias de viaje, complicando aún más la situación de los afectados.