El presidente Gustavo Petro firmó un decreto para convocar un referendo que permita a los colombianos pronunciarse sobre reformas en materia laboral y de salud, luego de que el Senado rechazara su propuesta constitucional. Entre las propuestas destacadas están la duplicación de recargos dominicales, la reducción de la jornada laboral y la ampliación de derechos para trabajadores digitales y de plataformas.

Especialistas en derecho constitucional han expresado su preocupación por la medida, argumentando que podría vulnerar la separación de poderes y abrir la puerta a posibles impugnaciones ante la Corte Suprema. Incluso algunos analistas han mencionado la posibilidad de que se investigue por prevaricato a quienes promueven el decreto.

Desde el Gobierno, se argumenta que el rechazo del Senado fue un acto irregular y que el referendo es un mecanismo legítimo para que el pueblo decida, evitando así demoras legislativas. Sin embargo, la oposición ha mostrado un rechazo contundente, con múltiples partidos y senadores señalando que el Ejecutivo no tiene la facultad para organizar procesos electorales de este tipo.

La tensión política en Colombia se intensifica mientras la administración de Petro asegura que cancelará el referendo si el Congreso finalmente aprueba una reforma laboral satisfactoria. Por ahora, el futuro de esta consulta popular está en manos de la Corte, que deberá definir su legalidad en los próximos meses.