Aunque suene a trabalenguas, la lección de la elección es que el derecho electoral tendrá que ser la rama de mayor crecimiento en los próximos años. Claro, si la intención gubernamental es que se mantengan los mecanismos de participación ciudadana. El reto que implica llevar a consulta y a elección los distintos cargos de elección popular generará muchos desafíos que ni siquiera el propio organismo electoral —tanto federal como local— podrá enfrentar en el corto plazo.
El desorden generado por la falta de una correcta campaña de divulgación y socialización de los mecanismos de participación ciudadana ha sido evidente. Es insuficiente pensar que solamente con los esfuerzos de divulgación desde la página de Facebook del CEEPAC se enfrentan los retos de estas elecciones; esos esfuerzos se han quedado cortos.
La pregunta de por qué señalo que se debe reforzar el derecho electoral tiene una respuesta clara: la cantidad de impugnaciones sin pies ni cabeza presentadas por diversos actores que buscan cambiar el resultado de la elección en los tribunales. Este es un reto bastante importante, pero también implica la necesidad de democratizar y generar nuevos criterios en torno a la elección judicial y a las elecciones posteriores. En este momento nos encontramos en terreno inexplorado. Quienes hemos presentado impugnaciones estamos siendo pioneros. Y sí, como en el viejo oeste, nos encontramos buscando criterios, referencias o sentencias de la elección tradicional que puedan ser aplicables a la elección judicial. En medio de esta travesía están los candidatos que, por primera vez, buscaron llegar a posiciones dentro del poder judicial.
Quienes hemos impulsado el derecho electoral —materia que muchos de nuestros compañeros de generación consideraban de relleno o de poco interés— veremos cómo esa percepción tendrá que replantearse. Pensar que, tras esta elección, se acabará el sistema de asignación por elección popular sería impreciso y erróneo. Sin embargo, no se trata solo de regresar a las aulas a estudiar esta rama del derecho, sino también de repensar el sistema electoral mexicano. No necesariamente desapareciendo los organismos electorales, pero sí estableciendo reglas específicas para las elecciones. E incluso, por qué no, considerar al poder electoral como un cuarto poder independiente. Una idea que suena lejana, pero que deberá ser planteada.
Estamos a días de que comience el proceso de impugnaciones de la elección judicial. Prácticamente, los candidatos se encuentran preparando sus argumentos escritos para ser planteados ante el Tribunal Electoral del Estado. La vaguedad en la elaboración de la ley y la reciente incorporación de dos magistrados electorales que enfrentarán un proceso totalmente novedoso complican el panorama. Aunque los recursos que resolverán las ponencias descansan sobre los secretarios de estudio y cuenta más experimentados, la decisión final deberá recaer en María Carolina López Rodríguez, Dennise Adriana Porras Guerrero y Sergio Iván García Badillo, actuales magistrados electorales. Con una norma elaborada de forma deficiente, falta de claridad en su contenido y sin criterios referenciales, ellos serán los encargados de garantizar el cumplimiento de la ley. Por ello, el planteamiento sigue siendo el mismo: habrá que recurrir a la doctrina, a las clases y a la formación para terminar de entender los recursos y sus alcances a futuro.
Ya con estos elementos sobre la mesa y considerando el papel futuro que tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —y, a nivel local, el Tribunal Electoral de San Luis Potosí—, será necesario plantear adecuaciones a la ley electoral. Estas deberán venir acompañadas de dos reformas: en primer lugar, la reforma electoral sobre los procesos ordinarios; en segundo lugar, la reforma judicial, que incluya el establecimiento de un proceso claro o la adecuación de las normas que regulan los medios de impugnación en materia electoral judicial. Y si me lo permite, estimado lector, propongo además un nuevo modelo de comunicación política, adecuado a los mecanismos actuales de difusión, tanto de la labor judicial como de la electoral. No debemos olvidar que los tribunales electorales locales no modificaron su método de designación de magistrados, y queda la interrogante de qué pasará después de esta elección: ¿permanecerán bajo control local o también se irán a las urnas? Una posibilidad que hoy parece lejana.
Esa es la gran pregunta. A mí me parece que no habrá grandes cambios en el corto plazo. Sin embargo, yo propondría replantear el derecho electoral desde sus orígenes, repensar los medios de impugnación y, sobre todo, sacar al poder electoral del poder judicial. Al ser juez y parte, debe aspirar a la neutralidad. Esperemos que la próxima reforma electoral —con miras al aniversario número 35 del sistema electoral mexicano— enfrente este reto de forma decidida.
