El juego de los números
Dicen que no hay ciencia más exacta que las matemáticas. En la suma de los valores, el resultado es único e invariable, o al menos así debería ser. Sin embargo, todos hemos experimentado ocasiones en que el resultado parecía no cuadrar del todo. Cómo olvidar aquellos intentos en la preparatoria o universidad por “ajustar” el promedio, arañar algunas décimas o puntos adicionales con tal de alcanzar los resultados deseados. Algo similar parece haber intentado el Instituto Nacional Electoral: redondear resultados de 7.8 o 7.9 a 8.0 para validar la elegibilidad de candidatos que no cumplieron cabalmente con los requisitos establecidos en la convocatoria nacional.
¡Qué bellas épocas aquellas de la preparatoria y la universidad! Cuando quienes no eran precisamente brillantes en sus calificaciones rogaban a los maestros por una décima salvadora que les evitará repetir el curso. Hoy, ese mismo “panzazo” parece trasladarse al ámbito judicial, en donde el famoso redondeo podría favorecer a aspirantes a jueces y magistrados que, de origen, no cumplieron con los criterios académicos requeridos, sin embargo la meritocracia no es siempre posible, en la vida del litigio casi quiénes menor promedio tienen son quienes más elementos aportan a los juicios y es que la carrera no es de promedio, que es algo que aplaudo y admiro pero la realidad del litigio es totalmente diferente y en los juzgados no se diga sin embargo tendremos que ver que sigue.
A quie lo importante es pensar ¿Qué pasará en los próximos días? Aún es incierto. La posibilidad de “sumar” décimas a quienes no alcanzaron el promedio mínimo podría resolver, de forma práctica pero poco rigurosa, el dilema de los requisitos en el Instituto Electoral desató todo un enfrentamiento entre quienes los aprueban y los rechazan y es que aquí viene otro dilema el juez debe aplicar la ley a rajatabla o tendrá la posibilidad de ser flexible el primer criterio de un juez debería ser este sin embargo quien hace el papel de árbitro o juez no ha sabido qué criterio aplicar a partir de esto debera quien llegue por panzazo o por omisión de la autoridad.
En mi opinión, el promedio nunca debió considerarse un criterio definitivo. Haber obtenido un título de licenciatura conforme a los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública debería bastar para acreditar la calidad de abogado, sin importar si el desempeño académico fue sobresaliente o apenas suficiente, eso lo va a marcar el desempeño de la carrera como luego me dicen mis alumnos a tono de broma que los pase y que los repruebe la vida algo que no tiene cabida pero que se está volviendo canon y es que como le dices a un alumno que no podrá ser magistrado, juez o ministro por que su calificación no alcanza algo hasta ahora discriminatorio; al final, el promedio no define el potencial profesional. Muchos abogados se formaron trabajando en despachos desde sus años universitarios; otros, se enfocaron más en lo teórico. ¿Quién puede decir qué camino es mejor? Juzgar por una cifra es tan impreciso como injusto.
Más allá de eso, habrá quienes tengan un 7 de promedio pero conozcan cómo funciona la carrera judicial, los juzgados, qué criterios se deben aplicar. Es muy cierto el dicho: “hay títulos sin abogado y abogados sin título”. ¿Cuál de los dos debe ser elegido ante este planteamiento? Ya llegaron los jueces de 10, pero sin trayectoria en el litigio, o incluso aquellos que nunca han ejercido la profesión, que jamás se han parado en un juzgado, o que nunca han presentado una promoción. Requisitos básicos, no de un jurista, pero al menos de un leguleyo.
Las consecuencias de esta decisión, sin duda, tendrán un costo político o social. Aquellos responsables de tomarla deberán asumirlo con seriedad. En el caso de San Luis Potosí, el panorama es aún más incierto. Hay perfiles que claramente no cumplen con los requisitos constitucionales, y si se permite que lleguen a los cargos, se abre la puerta a impugnaciones serias. La realidad es que no hay precedentes firmes; la jurisprudencia electoral sobre estos casos es escasa, y será necesario construir criterios sólidos rumbo a 2027.
Quizá en la próxima elección se abra la posibilidad de elegir los cargos judiciales que hoy no se sometieron a las urnas, y entonces —con reglas claras y comités evaluadores que verdaderamente cumplan su función— se definan, con justicia y sin atajos, los perfiles más idóneos para integrar el Poder Judicial.
En medio de este escenario, se anuncian nuevas reformas en materia electoral. Como ya lo he mencionado, se hará cada vez más evidente la importancia del derecho electoral. Los nuevos jugadores deberán aprovechar su conocimiento para encarar una realidad política que exige más técnica que ocurrencias, más preparación que popularidad.
