Con 297 votos a favor, 37 en contra y 87 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. El dictamen, considerado de urgente resolución, fue remitido al Senado con el argumento de fortalecer los mecanismos de combate al lavado de dinero.

Los cambios otorgan a la Secretaría de Hacienda y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mayores atribuciones para acceder a información fiscal, patrimonial, biométrica y financiera sin necesidad de orden judicial. Además, amplían el espectro de vigilancia a sectores como el inmobiliario, el manejo de criptomonedas, tarjetas de prepago y actividades de organizaciones no gubernamentales.

El objetivo central de la reforma es alinear a México con los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), evitar sanciones globales y mejorar la rendición de cuentas en el sistema financiero. Según sus promotores, los ajustes buscan cerrar espacios a la corrupción y dificultar el uso de recursos ilícitos en actividades políticas y empresariales.

Sin embargo, la oposición advirtió sobre el riesgo de violaciones a los derechos de privacidad y al secreto bancario. Legisladores inconformes señalaron que el nuevo marco normativo abre la puerta a un control discrecional del Estado sobre la información privada de ciudadanos y actores sociales, sin el contrapeso de instancias judiciales.