Durante el presente proceso electoral, el Tribunal Electoral del Estado se ha excusado en cuatro ocasiones de atender asuntos por posibles vínculos familiares y de amistad. Una práctica que no debería convertirse en el común denominador de la institución encargada de impartir justicia en materia electoral.
Dos casos destacan especialmente por sus implicaciones. El primero involucra a la Secretaría de Estudio y Cuenta, Zelandia Borquez Estrada, y a la magistrada Denisse Adriana Porras Guerrero. La relación de amistad entre ambas es conocida desde su paso por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC). Este vínculo genera un conflicto de interés preocupante, pues la ex consejera electoral podría fungir como juez y parte en asuntos que le competen directamente. Por esta razón, la ponencia de Porras Guerrero se ha excusado en dos ocasiones. Sin embargo, desde un inicio Borquez Estrada debió solicitar licencia para evitar cualquier ventaja frente a sus competidores en la contienda judicial.
El segundo caso es el del magistrado Sergio Iván García, quien se excusó inicialmente por un asunto relacionado con su esposa, contendiente a un cargo de elección popular en este proceso. Aunque comprensible, la situación volvió a repetirse sin que hasta ahora se esclarezcan las causas de la segunda excusa. Todo apunta a posibles asuntos personales, pero esto evidencia un patrón de conflictos de interés que la institución debería haber previsto y evitado.
Si ponderamos la gravedad de ambos casos, es evidente que el de Borquez Estrada es más delicado. Mientras que en el de García la situación deriva de la trayectoria profesional de su pareja —y limitarla sería una violación a sus derechos político-electorales—, en el primero hay una ventaja estructural dentro del tribunal que erosiona la credibilidad institucional.
La ponencia de la magistrada Porras Guerrero no está exenta de señalamientos. Basta recordar que, durante su paso por el CEEPAC, su pareja sentimental, Héctor Avilés, se convirtió en el secretario ejecutivo del organismo sin mayores cuestionamientos. Más tarde, al integrarse al máximo órgano jurisdiccional electoral del estado, ya se encontraba ahí su padre, César Porras, como secretario ejecutivo del TEESLP. Estas coincidencias familiares y laborales contradicen los principios rectores de la reforma judicial, que buscaba precisamente erradicar estas prácticas.
Hoy, con la mirada pública sobre el tribunal —órgano que deberá definir las candidaturas que superen las impugnaciones—, es fundamental que las decisiones estén libres de cualquier rastro de nepotismo, amiguismo y favoritismo. Casos como el de Borquez Estrada marcarán el rumbo sobre cómo debe operar el tribunal ante conflictos de interés.
En un contexto polarizado, las posiciones de los magistrados parecen alinearse a bloques políticos. La llegada de nuevos integrantes apoyados por el bloque morenista en el Congreso plantea dudas sobre la imparcialidad de sus fallos. Aunque no es un hecho que voten conforme a los intereses de la llamada Cuarta Transformación, las probabilidades de que así sea son altas. Esto deja en suspenso candidaturas cruciales, como las relacionadas con el Tribunal de Disciplina Judicial, y amenaza con deteriorar aún más la confianza ciudadana en el árbitro electoral.
