Durante sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, fue aprobado por unanimidad un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a crear o fortalecer espacios incluyentes que atiendan de manera integral a la población LGBTTTIQ+ en San Luis Potosí.
La iniciativa, impulsada por la diputada Jessica Gabriela López Torres y respaldada por el presidente de la Comisión, Marco Antonio Gama Basarte, tiene como finalidad asegurar que las instituciones públicas ofrezcan servicios libres de discriminación, con enfoque en derechos humanos, diversidad e inclusión.
El exhorto está dirigido al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los 59 ayuntamientos del estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con el objetivo de que, desde sus respectivas competencias, implementen acciones concretas para la atención de esta comunidad históricamente vulnerada.
Gama Basarte subrayó que “es momento de que las autoridades demuestren su compromiso con la igualdad y el respeto a la diversidad. Este llamado no solo es necesario, es urgente, y busca generar condiciones dignas para todas las personas sin importar su identidad o expresión de género”.
El documento solicita también al Poder Judicial desarrollar programas de capacitación permanente en materia de derechos humanos y diversidad sexual, dirigidos a jueces, magistrados y personal del sistema judicial, con el fin de que los asuntos relacionados con esta población se resuelvan desde una perspectiva de inclusión.
Asimismo, se insta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a dar seguimiento puntual al funcionamiento de estos espacios y emitir recomendaciones para su mejora continua.
El exhorto destaca la importancia de contar con centros especializados que garanticen el acceso efectivo a servicios de salud, justicia, vivienda, educación y trabajo, en un entorno seguro y respetuoso, como medida para reducir la discriminación estructural y promover el desarrollo pleno de todas las personas.
Este punto de acuerdo será turnado al Pleno del Congreso para su análisis y eventual aprobación.