La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reafirmó el compromiso del Gobierno potosino con la legalidad y el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario. De acuerdo con su titular, Jesús Juárez Hernández, los centros de reclusión en San Luis Potosí son objeto de revisiones permanentes por parte de organismos nacionales y estatales en materia de derechos humanos.

Estas inspecciones, encabezadas por la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se complementan con procesos de formación para el personal de custodia, quienes reciben capacitación continua enfocada en la protección de garantías individuales. Además, la tercera visitaduría de la CNDH realiza visitas sistemáticas para verificar el cumplimiento de los estándares establecidos.

Juárez Hernández destacó que, hasta el momento, no se han registrado quejas por violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad, lo que refleja un ambiente institucional controlado y vigilado. Parte de esta estabilidad se debe también a la presencia de personal especializado que identifica posibles situaciones de riesgo dentro de los penales.

Uno de los programas más relevantes en operación es el Centro de Recuperación de Adicciones (CERESAS), que cuenta con la participación activa de internos e internas interesados en procesos de reintegración social. La indicación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona —subrayó el funcionario— ha sido clara: mantener una atención digna, integral y continua para quienes forman parte de la población penitenciaria del estado.