Como candidato a la alcaldía Xavier Nava Palacios enarboló presuntos valores y principios, en especial el respeto a la dignidad de las personas, sus derechos humanos, hacía alarde de que él era diferente apoyándose en su apellido que suele asociarse con el humanismo que sí practicó su abuelo Salvador Nava Martínez, pero apenas tomó posesión del cargo se comenzó a transformar en un político intolerante, mentiroso, corrupto, racista y autoritario.

Esto no fue algo repentino, estos rasgos antidemocráticos ya latían en su conducta, simplemente engañó a los electores, a la sociedad potosina. Toda su educación la hizo en colegios particulares, proviene de una familia de clase media-alta muy católica y muy racista, donde se imponen los criterios del color de piel, la clase social, solo cuando se trata de conseguir votos se habla de democracia pero en el fondo es una simulación, así ha sido siempre con la familia Nava y ahora que está en el poder hacen a un lado las leyes y los derechos humanos. Eso es más que evidente.

En dos años de gestión al frente de la comuna potosina, además de hacer grandes negocios con dinero público y echarle el ojo al patrimonio municipal para subastarlo entre sus cuates sin la intervención del Cabildo y Congreso del Estado, Nava Palacios acumula una larga lista de violaciones flagrantes a los derechos humanos y que se han convertido en solicitudes de juicio político.

El caso más sonado pero no el único es el desalojo violento por la Policía Municipal de la abogada Teresa Carrizales que fungía como titular de una oficialía de Registro Civil. Ella provocó la ira del alcalde Nava y el secretario del ayuntamiento, Sebastián Pérez, porque denunció que incurrían en corrupción al establecer cobros más altos que los establecidos por los servicios de la oficialía. 

La respuesta de Nava fue ordenar al comisario Oswaldo Jiménez Arcadia que la desalojara a como diera lugar.  Por este abuso de poder, que fue grabado en video y se viralizó, hay una demanda de juicio político en contra de Nava. En su momento tuvo el descaro de negar que haya sido violentada la profesionista que se ha vuelto una luchadora social por la experiencia sufrida y no ceja en su empeño de que el edil sea enjuiciado y depuesto.

Otras víctimas de Nava son las comunidades indígenas Mazahua y Triqui asentadas en la capital potosina desde hace décadas, las excluyó del organismo municipal indígena mediante una consulta y elección amañada. Nava impuso a un indígena de la Huasteca que ni siquiera tiene domicilio en el municipio capitalino. Por esta flagrante discriminación Nava enfrenta otro juicio político, aunado a que no les brinda servicios públicos, prefiere despilfarrar los recursos regalando camiones de basura a municipios del interior del estado como parte de su campaña anticipada por la gubernatura.

El trato discriminatorio a las familias mazahua y trique, con reconocimiento oficial como pueblos originarios asentados en San Luis Potosí, también han motivado dos recomendaciones de la CEDH que no se han acatado, es decir, Nava no las reconoce y desafía con soberbia al organismo humanista.

Otros que han sufrido acciones represivas de Nava son comerciantes ambulantes del Centro Histórico, los tianguistas de las Vías, de la delegación de La Pila, vendedores de tacos de canasta a un lado de lo que fuera el cine Avenida, un vendedor de helados y sus más recientes excesos fue la represión a una joven madre indígena que vende flores, un día después de que violentada por inspectores y sus productos destruidos, fue encarcelada junto con otras indígenas  por vender flores en la vía pública.

Estos casos son suficientes para retratar de cuerpo entero a Xavier Nava como un alcalde panista racista y represor, que goza impunidad y protección del gobernador Juan Manuel Carreras López.