En medio del debate sobre la efectividad de las políticas públicas en favor de las mujeres, la senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa que busca cambiar la forma en que opera el Estado desde adentro: hacer obligatoria la capacitación en perspectiva de género para todas las personas que trabajan en el servicio público.

La propuesta parte de un diagnóstico claro: el problema no es la falta de leyes, sino cómo se aplican. De acuerdo con la legisladora, la ausencia de formación uniforme entre funcionarios ha provocado fallas en la atención institucional, generando brechas que impactan directamente en el acceso a derechos y en la calidad de los servicios.

El proyecto contempla la creación de una ley general que obligue a capacitar a servidores públicos en los tres niveles de gobierno y en los distintos poderes del Estado. La intención es profesionalizar la función pública, reducir decisiones discrecionales y prevenir prácticas discriminatorias que aún persisten en distintas dependencias.

Más allá del ámbito técnico, la iniciativa plantea un cambio de fondo: convertir la igualdad en una práctica cotidiana y no solo en un principio legal. En un país donde las exigencias sociales han crecido, la apuesta apunta a construir instituciones más sensibles, preparadas y capaces de responder con justicia a las necesidades de las mujeres.