El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal que permitirá incrementar hasta en dos terceras partes las penas aplicables a quienes, al cometer un robo, provoquen daños materiales adicionales en viviendas, sus dependencias o vehículos. La medida busca brindar una mayor protección al patrimonio de las familias potosinas y sancionar con mayor severidad conductas que generan afectaciones económicas más amplias a las víctimas.

La modificación fue avalada por el Pleno de la LXIV Legislatura y contempla cambios al artículo 218 del Código Penal estatal, incorporando nuevas circunstancias para considerar un robo como calificado. Entre ellas se encuentra el uso de la fuerza sobre objetos o estructuras destinadas a proteger bienes o inmuebles, siempre que dicha acción tenga como propósito facilitar o consumar el delito.

La reforma establece que se entenderá como fuerza sobre las cosas la destrucción, fractura, remoción o inutilización intencional de elementos como puertas, ventanas, cerraduras, chapas, candados, rejas, muros, cristales y dispositivos de seguridad electrónicos o mecánicos. También incluye cualquier otro mecanismo diseñado para restringir el acceso o resguardar un espacio, siempre que resulte afectado durante la comisión del robo.

Legisladores señalaron que esta adecuación legal responde a una realidad que enfrentan numerosas familias, ya que además de sufrir la pérdida de sus pertenencias, deben asumir los costos derivados de la reparación de daños ocasionados por los delincuentes. En muchos casos, las afectaciones a inmuebles o vehículos generan gastos adicionales que agravan el impacto económico y emocional para las víctimas.

Con esta medida, se busca fortalecer el carácter disuasivo de la ley, enviando un mensaje claro de que quienes destruyan bienes para cometer un robo enfrentarán consecuencias más severas. La intención es reducir la incidencia de este tipo de conductas y ofrecer una mayor protección a la ciudadanía.

Durante la misma sesión legislativa también se aprobó una modificación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, mediante la cual se incorpora el concepto de violencia estética. Esta figura busca reconocer y visibilizar prácticas que afectan la integridad, dignidad y bienestar de las mujeres a partir de estándares o presiones relacionadas con la apariencia física, fortaleciendo así el marco jurídico de protección de sus derechos.