Con el propósito de fortalecer la protección de las víctimas y ampliar los supuestos considerados como agravantes en el delito de abuso sexual, la diputada Ma. Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para reformar el artículo 178 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

La propuesta busca incorporar nuevas circunstancias que permitan aplicar sanciones más severas cuando este delito sea cometido por una persona que utilice su profesión, cargo o posición de autoridad para aprovecharse de la víctima, así como cuando los hechos ocurran en espacios solitarios, contra mujeres embarazadas o durante el periodo de puerperio.

Además, el planteamiento contempla incluir como agravantes aquellos casos en los que el abuso sexual tenga como motivo la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona afectada, con el objetivo de brindar mayor protección a grupos que pueden encontrarse en condiciones de vulnerabilidad.

La legisladora explicó que la iniciativa también pretende ampliar la definición del delito para reconocer como abuso sexual cualquier acto de naturaleza sexual realizado sin consentimiento, sin que exista la intención de llegar a la cópula.

Dentro de los actos considerados se incluyen tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas, así como obligar a una persona a observar o realizar este tipo de conductas sobre sí misma, sobre otra persona o para beneficio del agresor.

El proyecto establece que no podrá considerarse consentimiento cuando la voluntad de la víctima haya sido anulada o afectada por situaciones como violencia, intimidación, engaño, amenazas, abuso de confianza, relación de autoridad o cualquier condición de vulnerabilidad.

Asimismo, se plantea dejar claro que el consentimiento no puede interpretarse a partir del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la persona afectada, debido a que estas circunstancias no representan una aceptación de la conducta sexual.

Rocha Medina señaló que la reforma busca actualizar el marco jurídico estatal para responder de manera más efectiva ante distintas formas de violencia sexual y garantizar herramientas legales que permitan una mayor protección para las víctimas.

La iniciativa será analizada por las comisiones correspondientes del Congreso del Estado, donde se revisarán sus alcances y posibles modificaciones antes de continuar con el proceso legislativo.