La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció el 31 de agosto como fecha límite para que escuelas privadas y planteles que impartan educación bajo modelos militarizados, castrenses o equivalentes suspendan definitivamente sus actividades en México.

La instrucción obliga a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas a revisar los registros, permisos y reconocimientos oficiales de instituciones que utilicen este tipo de formación. El propósito es detectar planteles que operen fuera del marco establecido por la legislación educativa y evitar que continúen recibiendo estudiantes.

La dependencia federal también pidió verificar que las escuelas no empleen nombres o denominaciones asociadas con instituciones militares para presentar su oferta académica. Cuando se encuentren irregularidades, las autoridades deberán iniciar los procedimientos administrativos correspondientes para impedir su funcionamiento.

De acuerdo con la SEP, la formación militar es competencia exclusiva de las instituciones públicas facultadas para impartirla, por lo que los establecimientos particulares no pueden incorporar este modelo como parte de sus servicios educativos. La medida busca garantizar el cumplimiento de la Ley General de Educación y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes.

La determinación ocurre después de que salieran a la luz denuncias relacionadas con presuntos actos de violencia y maltrato en instituciones de este tipo. Entre los casos que generaron mayor atención se encuentra el fallecimiento de la adolescente Dafne Zapata durante un curso de verano en Tamaulipas, hecho que derivó en investigaciones de las autoridades.

Con el plazo fijado para finales de agosto, la SEP busca que el cierre de estos planteles se concrete antes del arranque del nuevo ciclo escolar y deja en manos de las autoridades estatales la supervisión del cumplimiento de la disposición.