Por unanimidad de las y los 22 legisladores presentes, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la derogación de diversas disposiciones del Código Penal relacionadas con el uso indebido de la inteligencia artificial, normas que habían sido avaladas a finales del año pasado y que fueron identificadas públicamente como la reforma que regula la IA impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés.

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria en la que no hubo intervenciones en tribuna y cuyo desahogo ocurrió en pocos minutos. Con esta votación, el Poder Legislativo dejó sin efecto los artículos que habían generado cuestionamientos entre organizaciones, activistas y distintos sectores de la sociedad por considerar que podían afectar la libertad de expresión.

La sesión estaba programada inicialmente para las 11:00 horas de este jueves; sin embargo, fue adelantada a las 8:30 horas. El área de Comunicación Social del Congreso notificó a los medios sobre el cambio minutos antes de su inicio, situación que dificultó la cobertura del encuentro legislativo.

Al concluir la sesión, un grupo de activistas que se manifestó en contra de las disposiciones derogadas expresó su inconformidad porque no se les permitió ingresar al salón de Plenos “Ponciano Arriaga”. Posteriormente, algunos de ellos accedieron al recinto para solicitar explicaciones sobre el cambio de horario y la restricción de acceso.

Los inconformes dirigieron sus reclamos a la presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Marco Antonio Gama Basarte. Ambos legisladores señalaron que no tuvieron responsabilidad directa en la decisión de impedir el ingreso de los manifestantes.

La derogación representa un cambio en la postura del Congreso respecto de una reforma que había provocado críticas desde su aprobación. Aunque los legisladores coincidieron en eliminar las disposiciones, durante la sesión no se expusieron públicamente los argumentos que motivaron la decisión.

Con la votación, el Congreso busca atender las preocupaciones planteadas en torno a la regulación de la inteligencia artificial y abrir la posibilidad de revisar el tema bajo criterios más claros, con respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión.