El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó modificaciones legales encaminadas a reforzar la protección de las personas adultas mayores y establecer mayores mecanismos para actuar ante situaciones de abandono, violencia y afectaciones a su patrimonio.

A propuesta de la diputada Jacquelinn Jáuregui, el Pleno aprobó adicionar el artículo 204 TER al Código Penal estatal, con el objetivo de que el delito de abandono sea perseguido de oficio cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad.

La disposición busca facilitar la intervención de las autoridades en aquellos casos en los que las características o condiciones de la víctima puedan dificultar la presentación de una denuncia por cuenta propia.

De acuerdo con el Congreso estatal, esta medida pretende fortalecer la respuesta institucional ante conductas que puedan poner en riesgo la vida, integridad o dignidad de estos sectores de la población.

En paralelo, fueron aprobadas modificaciones a diversos artículos de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí, con disposiciones dirigidas a prevenir distintas formas de abuso y violencia, independientemente de que los responsables pertenezcan o no al entorno familiar.

Las reformas contemplan medidas frente a actos de discriminación, explotación, aislamiento y cualquier conducta mediante la cual una persona adulta mayor sea presionada, obligada o inducida a realizar actividades de mendicidad, trabajos forzados o acciones que afecten su dignidad y salud física o mental.

También se incluyen conductas que representen un riesgo o menoscabo para su integridad, ingresos, bienes o patrimonio.

Entre ellas se encuentran el despojo, la retención indebida de recursos, la suplantación de identidad y la realización de actos jurídicos que puedan vulnerar sus derechos.

Ante cualquiera de estas situaciones, las autoridades competentes deberán activar los mecanismos de protección, investigación y restitución de derechos que correspondan.

Las modificaciones aprobadas también incorporan disposiciones para favorecer el acceso de las personas adultas mayores a la educación digital, con el propósito de ampliar sus posibilidades de participación y desenvolvimiento en entornos tecnológicos.

Con estos cambios, el Congreso estatal amplía el marco jurídico destinado a prevenir y atender situaciones de violencia, abandono y vulnerabilidad que puedan afectar a las personas adultas mayores y otros grupos que requieren protección especial.