El Pleno del Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de actualizar las disposiciones estatales y fortalecer las herramientas legales que deben aplicar las autoridades para prevenir, atender, sancionar y erradicar las agresiones contra las mujeres.

El dictamen, presentado por la Comisión de Igualdad de Género, plantea armonizar la legislación local con los avances nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, a fin de establecer criterios más claros para las instituciones responsables de proteger a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia.

Entre los principales cambios destaca la incorporación explícita de conceptos como perspectiva de género, interseccionalidad, respeto a los derechos humanos, interés superior de la niñez, interculturalidad y enfoque diferenciado. Estos elementos permitirán que las autoridades consideren las condiciones sociales, económicas, culturales y personales de cada mujer al momento de brindar atención.

La reforma busca que la respuesta institucional no se limite a procedimientos generales, sino que tome en cuenta las circunstancias particulares de las víctimas, sus necesidades y los posibles factores de riesgo a los que se enfrentan.

Otro de los aspectos contemplados es el fortalecimiento de las medidas de protección, al precisar la obligación de garantizar la separación y el alejamiento del agresor respecto de la víctima, así como de las personas afectadas de manera indirecta. Con ello se pretende reducir el riesgo de nuevas agresiones y proteger la integridad física, emocional y psicológica de quienes se encuentren en una situación de peligro.

Asimismo, el nuevo texto establece con mayor claridad que las acciones gubernamentales deben abarcar todas las etapas de intervención: prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres.

La utilización del término “violencias” en plural también responde al reconocimiento de que las agresiones pueden presentarse de distintas maneras y requieren respuestas específicas.

Con estas modificaciones, el Congreso busca contar con una legislación estatal actualizada y con mayores elementos para orientar la actuación de las instituciones, bajo principios de igualdad, no discriminación y protección de los derechos de las mujeres.