Las prácticas profesionales, el servicio social y las pasantías podrían ser reconocidos legalmente como experiencia laboral para las juventudes de San Luis Potosí, tanto en procesos de contratación del sector público como del privado, de avanzar una reforma a la legislación estatal.

La propuesta, impulsada por la diputada Ma. Sara Rocha Medina, recibió el respaldo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, que aprobó el dictamen para modificar el artículo 30 de la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

El planteamiento busca reducir los obstáculos que enfrentan quienes terminan sus estudios y buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral, particularmente cuando las empresas solicitan experiencia previa como requisito para ocupar una vacante.

Entre los cambios propuestos se establece que las personas jóvenes tienen derecho a acceder a empleos dignos, formales, con remuneraciones justas y seguridad social, tomando en cuenta sus capacidades, aptitudes y vocación. También se plantea que la falta de experiencia laboral no pueda utilizarse como una razón de exclusión o discriminación durante los procesos de selección.

Rocha Medina explicó que, aunque la legislación ya contempla el derecho de las juventudes al trabajo, es necesario establecer mecanismos que permitan ejercerlo en condiciones de igualdad. Señaló que las actividades realizadas durante la formación académica deben tener valor al momento de buscar una oportunidad profesional.

La legisladora consideró que reconocer el servicio social y las prácticas profesionales como experiencia laboral brindaría un respaldo jurídico a quienes han cumplido con estas actividades, permitiéndoles acreditar conocimientos y habilidades adquiridos durante su preparación.

La iniciativa pretende facilitar el paso de las aulas al ámbito laboral, ampliar las oportunidades de contratación y evitar que la falta de antecedentes profesionales se convierta en una barrera para conseguir el primer empleo formal.

Tras su aprobación en comisión, el dictamen será enviado al Pleno del Congreso del Estado, donde las y los legisladores deberán analizarlo y someterlo a votación. Por ahora, la modificación aún no constituye una disposición vigente.