Cualquier exfuncionario puede ser llamado a rendir cuentas ante las nuevas autoridades, pero también está en su derecho de ampararse ante la ley, manifestó el diputado local y ex secretario general de gobierno en la administración anterior, Alejandro Leal Tovías.

El legislador fue cuestionado luego de que, tras darse a conocer el amparo que tramitó el ex secretario de Finanzas, Daniel Pedroza para evadir una supuesta orden de aprehensión en su contra. Que por ciento, ya publicó un video desde su despacho para asegurar que no está huyendo y sigue aquí en San Luis Potosí.

Ante esa situación, no se descarta que más exfuncionarios carreristas interpongan recursos legales para evitar ir a prisión, incluido el exgobernador, que de él si no se sabe dónde está.

Importante decir que una posible orden de aprehensión contra ex colaboradores del gobernador Juan Manuel Carreras López tomó fuerza tras la detención del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, en Nuevo León.

Por ello, Leal Tovías dejó claro que todos los exfuncionarios estatales, incluido él, cumplieron con una entrega-recepción, de la que deriva un análisis de cada una de las dependencias y en caso de detectar alguna observación, la nueva administración tiene la facultad de llamar a los ex servidores públicos para rendir cuentas.

“Es un procedimiento marcado por la ley, no hay manera de decir no me pueden llamar, claro que sí, si hay una observación, una aclaración, cualquier exfuncionario tiene que ir al llamado que le haga el nuevo gobierno para aclarar cualquier situación”, insistió el ahora diputado.

Importante no dejar ir los siguientes datos:

El exsecretario de Seguridad Pública fue detenido el pasado 11 de febrero, acusado de posible desvió de recursos durante seis años para el pago de un inmueble en una de las zonas de primer nivel para vivir en el Estado, pues aunque no ejerció durante todo el sexenio con el mismo cargo, sí estuvo como mando durante ese periodo.

El imputado fue detenido por los delitos de ejercicio abusivo de las funciones públicas, uso ilícito de las atribuciones y facultades; además de ejercicio ilícito de las funciones públicas, por lo que el exsecretario de seguridad en el estado, y por ello ya fue vinculado a proceso y enfrenta desde el penal de La Pila su proceso.

Además, hay denuncias por parte de la SCT actual debido a obras fallidas en la pasada administración.

Fue el pasado 22 de febrero cuando, tras detectar irregularidades en el manejo de los recursos públicos que se destinaron para el proyecto de transporte RedMetro, popularmente conocido como Metrobús,  el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, Leonel Serrato presentó este lunes una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen posibles hechos de corrupción.

La querella es por los posibles delitos de Cohecho, Ejercicio Indebido de Funciones, Abuso de Autoridad, Peculado, Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades y Ejercicio Abusivo de Funciones en contra funcionarios de primer nivel de los gobiernos Fernando Toranzo Fernández y Juan Manuel Carreras López; y contra quien resulte responsable de daño al erario público.

Ahí el actual titular de la SCT fue tajante y detalló que también presentarán denuncias por irregularidades en el manejo de los recursos públicos de otros tres proyectos: “en materia de telecomunicaciones, las antenas no están en manos de gobierno, están en manos de un particular concesionadas, también tenemos el uso indebido de insumos durante la pandemia; es una ironía haberse robado el dinero de cubrebocas, de gel, de dispensadores y otra por el uso indebido de tarjetas de prepago para la pandemia, se compraron 15 millones pesos que no se entregaron ni a estudiantes ni a amas de casa, ni nadie”.

REPETIMOS, el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿por qué el amparo?