Luego de los hechos ocurridos en las inmediaciones del popular antro llamado “Grkeo Latinos”, ubicado en una de las principales avenidas de la capital de San Luis Potosí, y de todas las declaraciones realizadas por funcionarios y la sociedad en general, resalta una, que llama a la sociedad a preguntarse qué estamos haciendo por el bienestar de los menores de edad.

Recordemos que la madrugada del domingo 24 de julio, una riña que comenzó al interior del establecimiento con temática LGBTTTIQ+, terminó con dos lesionados a las afueras del recinto y no olvidemos lo más importante, que causó indignación entre los potosinos: uno de los lesionados era un menor, quien recién había cumplido 16 años. Tampoco olvidemos que no era el único en el sitio que rondaba esa edad.

Debido a que alrededor de ocho adolescentes se encontraban en dicho antro, tuvo que intervenir la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF municipal, los menores se entregaron a sus padres hasta las 8 de la mañana del mismo día, luego de estar en el ministerio público.

Declaraciones que condenaban la situación no se hicieron esperar el lunes por la mañana. Durante la mesa de seguridad que involucra a las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno, se debió poner el tema en claro, ya que hasta el fiscal, José Luis Ruiz Contreras hizo público que se le solicitó al ayuntamiento encabezado por Enrique Galindo Ceballos que considere retirarles la licencia de funcionamiento a los empresarios del lugar. 

El propio presidente municipal calificó como “insostenible” la situación en torno al Greko Latinos, al rememorar las grescas que se han suscitado en el mismo sitio cada fin de semana, así como todas las ocasiones en las que lo han clausurado. Lo que nos lleva a mencionar que en esta ocasión, la dirección de comercio del ayuntamiento capitalino también clausuró el antro, sin embargo los empresarios quebrantaron los sellos colocados y operaron la tarde del domingo, decisión que podría llevar a una denuncia penal.  

La diputada local Gabriela Martínez, por su parte consideró necesario que se endurezcan las sanciones a todos los establecimientos que permitan la venta de alcohol a personas menores de edad y lamentó que en los últimos años se haya incrementado el abuso de alcohol en los menores por lo que exhortó a los establecimientos a no permitir la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Lo cierto es que ninguna de las posiciones de los funcionarios es errónea. Solo hay que destacar la siguiente, dicha por Martínez Larraga:
“Pero también a la sociedad, este problema incumbe a la sociedad en general, a las familias, porque estamos siendo permisivos de que se aligeren las reglas y leyes; hay que poner atención este tema, porque se trata de menores de edad y es nuestra obligación protegerlos.”
Imposible no comenzar a pensar la educación que los padres de familia están brindando a esos menores de edad que pese a la ilegalidad se aventuran a ingresar a lugares con cierto grado de peligrosidad, sobre todo si existe el consumo de bebidas alcohólicas.