Los desmanes del pasado viernes en el Congreso del Estado, que lo dejaron destruido casi en su totalidad debido a una protesta violenta que tuvo su origen como una forma de solidaridad con el caso de Giovanni López, quien fue asesinado por policías municipales en Jalisco demostró un vacío del poder de las autoridades, hay quienes aseguran que se trató de un acto premeditado en el que un grupo de infiltrados se encargó de vandalizar los edificios de la capital potosina; pero lo que no hay duda, es que demostró el nulo mandato de las autoridades estatales y de seguridad pública.
Después de los hechos, fueron varios los actores sociales que comenzaron a levantar la voz, condenando los hechos delictivos que destruyeron el recinto del Poder Legislativo local, afirmando que la Policía Estatal que estuvo presente, no actuó en el momento oportuno para cesar los hechos, dejando en claro el vacío de autoridad que hay en San Luis Potosí.
Tal como lo mencionó en un comunicado, la senadora Leonor Noyola, es necesario que la autoridad Federal tenga conocimiento del nivel de violencia que se alcanzó el pasado viernes, pues ponen en riesgo la gobernabilidad del estado a cargo de Juan Manuel Carreras López, quien cabe señalar, no sé presentó en el lugar de los hechos, sino que envió al secretario general, Alejandro Leal Tovías, quien se limitó a decir que se iniciarían investigaciones y que actuaron para no dejar lamentables saldos. Horas más tarde, el gobernador emitió un comunicado en el que únicamente dijo reprobar los actos cometidos en la manifestación.
No quedan dudas que el vacío de poder en San Luis Potosí existe desde hace años y no precisamente en el momento que las protestas se han incrementado, ni siquiera con la ola de delincuencia que va en incremento de forma desmedida; sino desde decisiones en las que el gobernador Carreras López ha preferido no actuar, por lo que en muchos lo han calificado como “tibio” cuando tanto se ha solicitado la destitución de mandos de la Secretaría de Seguridad como Jaime Ernesto Pineda Arteaga, se le ha exigido investigar a los titulares de la Seduvop Leopoldo Stevens y al titular de la CEA, Jesús Medina Salazar por desvíos de recursos en sus obras, este último señalado ante el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pero el gobernador no ha hecho nada y no hará, ya que tampoco ha movido un dedo para investigar a Mónica Rangel Martínez.
Son decenas de funcionarios que han pedido el retiro de Pineda Arteaga de la Secretaría de Seguridad, sobre todo el representante del Partido Verde Ecologista de México en el congreso local, el diputado Edgardo Hernández Contreras, quien incluso pidió juicio político contra el titular de seguridad en el estado, mismo que resultó en una farsa, pues se retrasó meses en comisiones y posteriormente pasó por el pleno sin pena ni gloria.
Incluso ahora que se ha pedido se investigue a la titular de los Servicios de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, por la relación con el empresario Gabriel Salazar quien ha sido acusado de fraude en diversas empresas del Grupo Infinite, de las cuales, los servicios de salud tuvieron contratos con Invertcorp; y pese a que se le ha pedido en reiteradas ocasiones, se retire a la funcionaria del cargo para realizar investigaciones, el mandatario estatal ha hecho caso omiso a las peticiones de actores civiles.
Fue por la tarde del 5 de junio que un grupo de jóvenes, en su mayoría, se congregaron en la plaza de Armas para marchar hacia el edificio de la Fiscalía General del Estado, donde con una bomba molotov hicieron estallar el interior de una patrulla municipal; posteriormente estuvieron frente al Palacio de Gobierno donde arrojaron piedras y por último repitieron el acto en el recinto legislativo del Congreso del Estado, pero en un punto se salió de control.
