El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra ante un reto sin precedentes al organizar la primera elección judicial en México, programada para el 1 de junio de 2025. Este proceso innovador permitirá la elección directa de 881 jueces, magistrados y ministros, marcando un hito en la democracia del país.
Sin embargo, la planificación enfrenta múltiples desafíos. Desde su inicio formal hace dos meses, las actividades del INE han sido interrumpidas por más de 500 suspensiones judiciales. Además, persisten incertidumbres presupuestales y un calendario ajustado que dificulta la logística.
Entre las tareas prioritarias están la definición de la cartografía electoral, la capacitación de funcionarios de casilla, la fiscalización de recursos y la distribución de tiempos en radio y televisión. Para avanzar, el órgano de administración judicial debe proporcionar en diciembre las divisiones territoriales por circuitos judiciales.
El presupuesto solicitado por el INE asciende a 13,205 millones de pesos, cifra superior a la destinada para las elecciones federales de 2024. De este monto, 6,822 millones están contemplados para capacitación y 4,000 millones para logística. Sin embargo, Morena y sus aliados en el Congreso proponen un ajuste a 9,000 millones, argumentando que las campañas judiciales no recibirán financiamiento público.
Guadalupe Taddei, presidenta del INE, ha defendido la propuesta presupuestal, señalando que los recursos son esenciales para instalar 172,696 casillas y garantizar un proceso electoral eficiente. Ante la posibilidad de recortes, planteó reducir el número de centros de votación, como ocurrió durante la revocación de mandato.
Esta elección no solo renovará la mitad de las plazas del Poder Judicial, sino que también supera en magnitud a la elección federal de 2024, donde se disputaron 629 cargos. La histórica jornada marcará un antes y un después en el sistema democrático del país, mientras el INE trabaja contrarreloj para sortear las presiones políticas y financieras que amenazan su desarrollo.
