El Senado de la República aprobó este martes una significativa reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla la creación de tres nuevas secretarías y la transformación de una existente. Con el respaldo mayoritario de Morena, el PT y el PVEM, la reforma ha generado intensos debates, evidenciando las divisiones entre las bancadas políticas del país.
Uno de los cambios más relevantes es la transformación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que será sustituida por la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta nueva secretaría asumirá las funciones del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Además, se elevó al rango de secretaría al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades, y se dio la misma categoría al Instituto Nacional de las Mujeres, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en esas áreas.
Otro de los aspectos clave de la reforma es la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que se encargará de coordinar proyectos relacionados con la tecnología y los datos públicos en el gobierno federal.
La aprobación de la reforma no estuvo exenta de críticas, especialmente de la oposición. El senador del PAN, Antonio Martín del Campo, mostró su apoyo al cambio en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, argumentando que esta medida podría impulsar la innovación en el país. Sin embargo, otros legisladores expresaron dudas sobre la centralización de las funciones y la falta de un presupuesto adecuado, como fue el caso de la priista Carolina Viggiano, quien cuestionó el impacto de la creación de la Secretaría de las Mujeres sin los recursos suficientes.
Por su parte, la creación de la Secretaría Anticorrupción fue rechazada por algunos opositores, como Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano, quien criticó el desplazamiento de funciones clave de órganos autónomos.
A pesar de las objeciones, la reforma fue aprobada, marcando un cambio significativo en la estructura administrativa del gobierno federal y dando inicio a uno de los primeros movimientos destacados de la administración de Claudia Sheinbaum.
