El Senado de la República aprobó con 94 votos a favor una reforma al artículo 19 de la Constitución que amplía el catálogo de delitos considerados graves, sujetándolos a prisión preventiva automática. Entre los ilícitos adicionados se encuentran la extorsión, la producción y el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, el contrabando y el uso de comprobantes fiscales falsos.

La medida, defendida por Morena y sus aliados, busca responder al incremento de delitos como la extorsión, calificada como un “cáncer social” por su impacto devastador tanto en la ciudadanía como en el sector empresarial. Según los legisladores que impulsaron la reforma, la prisión preventiva automática para estos crímenes es indispensable para combatir con mayor eficacia estas prácticas delictivas.

Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de controversias. Diversos sectores, incluidas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, han señalado que la medida puede vulnerar garantías fundamentales, al prescindir del análisis individualizado de los casos y aumentar el riesgo de detenciones arbitrarias.  Ahora, la reforma será enviada a los congresos estatales para su ratificación. Para que entre en vigor, al menos 17 legislaturas locales deberán aprobarla. Este proceso será clave, ya que definirá si la ampliación del catálogo de delitos graves se convierte en una realidad.

A pesar de las críticas, los promotores de la reforma sostienen que estas medidas fortalecerán la seguridad en el país y enviarán un mensaje contundente contra delitos que generan un impacto significativo en la sociedad. Mientras tanto, opositores y expertos en justicia penal continuarán vigilando el avance de esta reforma y sus implicaciones en el equilibrio entre seguridad y derechos humanos en México.