Tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre un presunto control total de la frontera sur de Estados Unidos durante mayo de 2025, el debate sobre la política migratoria vuelve a encenderse. Según el mandatario, ningún migrante indocumentado ingresó al país durante ese mes, gracias a las nuevas estrategias de seguridad implementadas por su gobierno. No obstante, reportes oficiales y organizaciones civiles advierten inconsistencias y posibles violaciones a derechos humanos.
El anuncio se dio a conocer a través de Truth Social, red utilizada por el presidente para asegurar que su administración había logrado frenar el flujo migratorio desde México. En contraste, cifras de la patrulla fronteriza indican que más de 8 mil migrantes fueron detenidos intentando cruzar la frontera durante ese mismo periodo. Además, se reporta que más de 62 mil personas sin documentos ingresaron al país un año antes, en mayo de 2024, durante el mandato de Biden.
Como parte de su agenda, Trump anunció una iniciativa legislativa bautizada como One Big Beautiful Bill, que contempla mayor presupuesto para el muro fronterizo, incentivos para los agentes de ICE y nuevas herramientas para reforzar el control en las fronteras. Para el Partido Republicano, esta propuesta es clave para recuperar lo que consideran “el orden perdido”.
Sin embargo, el endurecimiento de estas medidas ha provocado reacciones adversas. La organización TRAC Immigration reveló que al menos el 75% de los detenidos por ICE no tienen antecedentes por delitos graves, lo cual ha levantado alarmas sobre el respeto al debido proceso legal y la protección de los derechos humanos.
El escenario actual plantea serias dudas sobre la veracidad del discurso oficial y la sostenibilidad de una política que, lejos de ofrecer soluciones estructurales, podría agravar la crisis humanitaria en la frontera.
