Por Redacción Contra Réplica

Morena propone castigar con prisión la difusión de memes y stickers ofensivos

La iniciativa del diputado Armando Corona Arvizu busca sancionar hasta con seis años de cárcel a quienes compartan contenidos que causen daño psicológico o afecten la imagen de funcionarios o particulares.

El diputado Armando Corona Arvizu, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que plantea penas de hasta seis años de prisión y multas de hasta 600 días de salario mínimo para quienes elaboren o difundan memes, stickers o contenidos digitales manipulados que perjudiquen la integridad emocional o la reputación de las personas, en especial de servidores públicos.

La propuesta, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 23 de septiembre, busca reformar el Código Penal Federal para incluir este tipo de conductas dentro de los delitos de violencia digital. De acuerdo con el legislador, las leyes actuales no contemplan de manera específica el impacto psicológico y social que puede generar la difusión masiva de imágenes, audios o videos alterados.

Corona Arvizu argumentó que el uso de contenido manipulado sin consentimiento “atenta contra la dignidad y el honor de las personas”, y que las bromas o ataques virales pueden causar consecuencias reales en la salud mental de las víctimas. En ese sentido, consideró necesario que el Estado actúe frente a las nuevas formas de agresión digital.

La iniciativa también contempla sanciones más severas cuando las víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad o funcionarios públicos, con multas que podrían superar los 100 mil pesos.

Aunque el diputado asegura que la intención no es restringir la libertad de expresión, sino regular el uso abusivo de contenidos digitales, la propuesta ya generó debate entre especialistas, activistas y usuarios de redes sociales, quienes advierten que podría abrir la puerta a la censura en internet.

El documento será turnado a comisiones para su análisis y discusión, donde se evaluará su constitucionalidad y viabilidad jurídica, en un contexto donde México aún busca equilibrar la libertad de expresión con la protección frente a la violencia en línea.