Por Redacción Contra Réplica

Brugada advierte sanciones tras disturbios del 2 de octubre: “Habrá consecuencias para quienes delinquieron”

La jefa de Gobierno capitalina reiteró su respaldo a los policías agredidos durante la marcha y aseguró que la Fiscalía ya investiga los hechos violentos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, advirtió que las personas que cometieron actos delictivos durante la marcha del pasado 2 de octubre, en conmemoración del 57° aniversario de la Matanza de Tlatelolco, “sufrirán las consecuencias de sus actos”. La mandataria capitalina aseguró que no habrá impunidad y que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ya inició las investigaciones correspondientes.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Brugada informó que de los 94 policías lesionados durante los enfrentamientos con encapuchados del llamado “Bloque Negro”, 89 ya fueron dados de alta, mientras que cinco continúan hospitalizados y reciben atención médica especializada.

La jefa de Gobierno relató que, tras el evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo capitalino, acudió personalmente a visitar a los agentes heridos, reafirmando su apoyo a los cuerpos de seguridad. “No los vamos a dejar solos. Nuestra obligación es respaldar a quienes protegen a la ciudadanía”, declaró.

Brugada subrayó que la libertad de expresión y manifestación están garantizadas en la Ciudad de México, pero condenó los actos de violencia y vandalismo ocurridos durante la movilización. “Quienes vinieron a saquear, golpear o agredir no representan la lucha del 2 de octubre ni la causa por la paz en Gaza”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que los elementos afectados continúan recibiendo apoyo psicológico y asesoría jurídica, mientras la dependencia colabora con la fiscalía capitalina para fortalecer las carpetas de investigación abiertas y garantizar que no haya impunidad.

Las autoridades capitalinas reiteraron su compromiso de mantener el orden sin restringir los derechos ciudadanos, al tiempo que buscan preservar la seguridad en futuras manifestaciones y evitar que grupos violentos desvirtúen el sentido legítimo de la protesta social.