Un entramado de empresarios presuntamente vinculado al contrabando de combustible mantiene al menos 30 negocios activos en seis estados del país, desde Baja California hasta Jalisco, según investigaciones de la Fiscalía General de la República. Los implicados operan en sectores que van de la construcción y transporte hasta turismo, abarrotes y gasolineras, lo que refleja la amplitud de sus actividades económicas y el alcance de la red de huachicol fiscal.

Entre los señalados destacan Roberto Blanco Cantú, Brenda Mariela Salas Ramírez, José Ramírez Guardado y José René Tijerina Mendoza, junto con otros empresarios y exfuncionarios como Gerardo Novelo Osuna. Algunos ya enfrentan detención, mientras que Novelo Osuna es el único sin orden de aprehensión vigente. La FGR vincula a ocho de ellos con empresas como Mefra Fletes y Transportes Especializados AMOL, utilizadas para introducir ilegalmente millones de litros de hidrocarburo al país mediante declaraciones fraudulentas que evaden impuestos especiales.

Las investigaciones han revelado operaciones masivas, como el aseguramiento de más de 8.8 millones de litros de diésel en un inmueble de Baja California, donde también se confiscaron tractocamiones y pipas rotuladas con los nombres de las empresas involucradas. Los registros muestran que algunas compañías fueron constituidas desde los años 80 y 90, mientras que otras son recientes, evidenciando un entramado que combina antigüedad, expansión territorial y diversificación de actividades comerciales.

Además de la gasolina y el diésel, algunas de estas empresas comercializan productos médicos y mantienen vacantes activas, lo que demuestra que los negocios continúan operando pese a las investigaciones. Las autoridades investigan también presuntos vínculos con cárteles del crimen organizado, no solo por huachicol fiscal, sino por tráfico de armas y otros delitos relacionados, dejando en evidencia la compleja red de intereses que rodea a estos empresarios.