El caso del accidente ocurrido durante el festival AXE Ceremonia vuelve a colocarse en el centro de la polémica. Un juez de control ordenó a la Fiscalía capitalina concluir las investigaciones que podrían implicar a la empresa OCESA y a la compañía de seguridad LOBO, luego del colapso de dos grúas que lesionaron a los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.

La familia Giles Rivera obtuvo una suspensión definitiva que impide realizar la audiencia inicial hasta que la autoridad determine si ambas empresas tienen responsabilidad directa. Alegan que la indagatoria no ha sido exhaustiva y que existen omisiones que podrían favorecer a los señalados. En respuesta, la jueza Ivette Morales pidió apartar del caso a los fiscales y ministerios públicos responsables, ante posibles actos de corrupción o conflictos de interés.

Aunque la audiencia estaba programada para el 16 de octubre, se reprogramó para el 28, luego de que las compañías implicadas solicitaran más tiempo para revisar los 17 tomos del expediente. La defensa de las víctimas también aportó nuevas pruebas, entre ellas una resolución administrativa sobre la instalación irregular de una de las grúas y un vehículo de videovigilancia de la empresa LOBO con placas que no coinciden con los registros oficiales.

De comprobarse que OCESA y LOBO incumplieron con normas de Protección Civil, podrían pasar de calidad de testigos a imputadas por presunta negligencia. Además, los abogados de las víctimas advirtieron que otras tres empresas podrían estar involucradas en la contratación y manipulación de las estructuras, lo que abriría un nuevo frente judicial en torno a la seguridad en los eventos masivos de la capital.